Más de 120 líderes sociales asesinados en Colombia en los últimos 14 meses

Esta semana han sido asesinados otros dos líderes sociales en lo que la ONU considera una preocupante ola de violencia en el país

BOGOTÁ, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos 120 activistas y líderes sociales han sido asesinados en Colombia entre enero de 2016 y el 20 de febrero de 2017, algo menos de 14 meses, en lo que Naciones Unidas ha considerado una preocupante ola de violencia registrada en varias de las zonas que estuvieron afectadas por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Esta cifra ha sido anunciada este mismo viernes por el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, quien ha explicado que estas áreas que antes estaban controladas por las FARC han dado paso a nuevos actores y grupos que se disputan su control, tanto territorial como económico.

Esta reciente de ola de violencia ha tenido consecuencias directas, principalmente, en los activistas en defensa de los Derechos Humanos y que trabajan por la construcción de la paz quienes, según Negret, están continuamente expuestos a estigmatizaciones y señalamientos por su trabajo. El defensor del pueblo, en este contexto, ha expresado "su profunda preocupación por la persistencia de estos hechos".

Además de los 120 homicidios --contabilizados hasta el 20 de febrero--, se han registrado 33 atentados y 27 agresiones. Así, la Defensoría del Pueblo colombiano ha asegurado que se trata de "violaciones a los Derechos Humanos generalizadas".

En este sentido, Negret ha hecho un llamamiento a las autoridades y a la sociedad en general para tomar medidas urgentes de manera que se pueda blindar "moralmente" y proteger a las posibles víctimas, así como a las organizaciones y a los movimientos sociales que operan en estas zonas.

Durante los próximos días, el defensor presentará a las autoridades un informe especial de riesgo, donde explicará las condiciones de "tiempo, modo y lugar en que han venido ocurriendo estos hechos" para adoptar las medidas correspondientes.

Asimismo, ha recordado que, además de atentar contra la vida, esta ola de violencia es una violación directa contra el derecho a pensar y opinar libremente, a participar en asuntos públicos y a defender los Derechos Humanos.

El pasado mes de noviembre, la Misión de Naciones Unidas en Colombia y el equipo de la ONU en el país ya subrayaron la necesidad de proteger a los civiles y construir una "armonía comunitaria" en el país, mostrando su preocupación por la reciente ola de violencia que se ha registrado contra líderes sociales en varias áreas afectadas por el conflicto con las FARC.

CERCA DE 30 ASESINATOS EN 2017

La tendencia en la cifra de asesinatos entre líderes sociales en Colombia en lo que va de año es significativa y preocupante. Desde que arrancó 2017, cerca de 30 activistas, gran parte de ellos líderes campesinos y defensores del Medio Ambiente, han sido asesinados por hombres armados no identificados.

A pesar de que el presidente, Juan Manuel Santos, ha mostrado su preocupación al respecto y ha asegurado que tanto la Fiscalía como la Policía no escatimarán esfuerzos en investigar estos ataques, no se han frenado.

Esta misma semana han sido asesinados al menos dos activistas, ambos el jueves, 2 de marzo. Por un lado, la ecologista Alicia López Guisao, que formaba parte de uno de los proyectos de la organización Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, fue asesinada a tiros en la comuna de San Javier, ubicada en el oeste de la ciudad colombiana de Medellín.

El ataque contra la activista, de 32 años, ha tenido lugar cuando López Guisao visitaba a unos familiares en esta comuna. La defensora había residido en esta zona, pero tuvo que ser desplazada en 2002 y en varias ocasiones recibió amenazas por parte de grupos paramilitares, según ha informado la abogada Ariana Arboleda, de la corporación Jurídica Libertad, a Noticias Caracol.

También el jueves, el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) Rosalpi, Fabián Rivera, era "vilmente asesinado" cerca de un cementerio en la localidad de Bello, en el departamento de Antioquia, según denunció la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal de Bello (Asocomunal Bello).

Rivera, de 23 años, fue ultimado, también a tiros, durante la madrugada cuando se desplazaba en moto. El presidente de la Asocomunal Bello, Julián Andrés Jiménez, ha condenado el ataque y ha pedido a las autoridades que investiguen el caso.

Marcha Patriótica ha criticado al Gobierno por no considerar que el asesinato de líderes sociales sea sistemático y por culpar a las bandas criminales relacionadas con el narcotráfico, en lugar de a los grupos paramilitares.