Más de dos millones de personas se convirtieron en refugiadas en 2017

GINEBRA 2 Oct. (Reuters/EP) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha alertado este lunes de que más de dos millones de personas han tenido que huir de sus hogares a causa de conflictos o persecuciones en 2017 y ha denunciado que las políticas de asilo de Europa y Estados Unidos se han vuelto más restrictivas.

En la cifra récord se incluyen alrededor de 650.000 refugiados de Sudán del Sur y unos 500.000 rohingya que han abandonado Birmania, principalmente hacia Bangladesh, según ha indicado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi.

Grandi ha explicado que los refugiados, "a veces enfermos, traumatizados y hambrientos", llegan a otros países fronterizos que suelen ser "pobres y subdesarrollados". El Alto Comisionado ha advertido de que muchos carecen de la protección necesaria y de que se registran "menores separados de sus familias y mujeres, hombres y niños expuestos a abusos sexuales y violencia de género".

ACNUR ha añadido que el asunto de los refugiados se utiliza cada vez más como instrumento político, tanto a nivel nacional como local. "La cooperación internacional ha sido reemplazada por una respuesta fragmentada, como resultado de las medidas restrictivas de inmigración y asilo, incluso en aquellos países que tienen sus propias historias de exilio y migración", una situación que ha descrito la organización como producto de una "creciente xenofobia".

Cerca de 1,2 millones de refugiados necesitan ser reubicados en terceros países y sólo se encuentran disponibles "100.000 plazas, un 43 por ciento de las habilitadas en 2016", según recoge un informe de Naciones Unidas, que también señala que la financiación al programa de traslado de refugiados se ha recortado en 2017 un 25 por ciento.

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó la semana pasada su intención de admitir un máximo de 45.000 refugiados durante el próximo año, la cifra más baja en décadas. El Gobierno ha afirmado que la medida es imprescindible para la seguridad estadounidense, aunque los demócratas y los grupos humanitarios han vertido todo tipo de críticas a la decisión.