Alertan del impacto de la violencia sobre la población civil y piden "una movilización internacional" para dar ayuda humanitaria
MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
El equipo de mediación internacional sobre el acuerdo de paz de 2015 en Malí ha subrayado que hay "aspectos importantes" que "aún no se han traducido en hechos" y ha destacado que es "imperativo relanzar urgentemente" los contactos, especialmente a causa del impacto de la inseguridad y la violencia sobre la población civil en el país africano.
Así, los mediadores internacionales han aplaudido los "avances" registrados hasta la fecha y han reiterado que el acuerdo "es la piedra angular para lograr una solución duradera a las crisis recurrentes que han afectado a la parte septentrional de Malí y un elemento esencial de los esfuerzos en marcha para refundar el Estado maliense". "La aplicación de los acuerdos contribuirá en gran medida a la seguridad y la estabilidad regional", han argumentado.
Además, han mostrado su "profunda preocupación" por los "indecibles sufrimientos causados" a los habitantes de las regiones de Gao y Ménaka ante "la intensificación de los ataques terroristas y el aumento de la criminalidad, así como los desplazamientos forzados de importantes grupos de población hacia otras regiones", según un comunicado publicado tras la última ronda de contactos con las partes.
"Expresamos nuestra total solidaridad con las poblaciones del centro de Malí, afectadas igualmente por el azote del terrorismo y la violencia, así como con el pueblo maliense en su totalidad", han dicho, al tiempo que han reclamado "una movilización internacional" para dar la ayuda humanitaria necesaria.
Por ello, han incidido en que "esta situación pone de relieve, si fuera necesario, lo imperativo de relanzar urgentemente el proceso de paz" y ha manifestado que "acoge con satisfacción la voluntad manifestada por las partes de salir del estancamiento actual a través del diálogo y el proceso de paz y de trabajar juntas para lograr soluciones consensuadas que permitan relanzar la aplicación del acuerdo de paz".
"Pedimos un acuerdo de urgencia sobre las medidas de garantías necesarias" para la puesta en marcha de los puntos relativos al marco institucional y los relacionados con temas de defensa y seguridad, así como los vinculados al "desarrollo socioeconómico". "Es imperativo poner en marcha todos los pilares del acuerdo, que suponen un conjunto indisoluble", han argüido.
Por último, han dicho que "toman nota" de las preocupaciones expresadas por la Coalición de Movimientos del Azawad (CMA) --en la que están integrados diversos grupos rebeldes tuareg-- y la Plataforma --que aglutina a grupos progubernamentales-- en torno al proyecto de Constitución que la junta militar maliense someterá a referéndum el 18 de junio y la necesidad de incluir las cláusulas del acuerdo en el texto.
"También tomamos de la posición del Gobierno, en particular sobre el hecho de que ninguna disposición del proyecto de constitución impide la implementación del Acuerdo de Paz y su deseo expreso de cumplir con todos los compromisos asumidos", han zanjado.
Las tensiones han aumentado en los últimos meses entre la junta militar instaurada tras los golpes de Estado de agosto de 2020 y mayo de 2021 y el Marco Estratégico Permanente (CSP, según sus siglas en francés) --que integra a antiguos rebeldes tuareg y a miembros de milicias progubernamentales-- en medio del aumento de la inseguridad a causa de los ataques por parte de grupos yihadistas.
De hecho, los grupos que integran el CSP anunciaron en febrero el inicio de una operación conjunta contra Estado Islámico para "demostrar que los grupos firmantes están presentes y que el Grupo de Apoyo para el Islam y los Musulmanes (JNIM) --rama de Al Qaeda en la región-- no es una alternativa".
El CSP anunció a finales de diciembre la suspensión de su participación en el acuerdo de paz y pidió un proceso de mediación internacional en un lugar neutral ante lo que describió como una falta de voluntad de la junta para cumplir con lo pactado en Argel en 2015 que supuso que los grupos separatistas tuareg pasaran a formar parte de las Fuerzas Armadas, se sellara un alto el fuego y se propuso dotar de más competencias a la parte septentrional de Malí.