Medidas sobre la energía propuestas por los partidos para el 20D

MADRID, 11 Dic. (EDIZIONES) -

En los programas de los partidos políticos para las elecciones generales del 20 de diciembre se apuesta de manera generalizada por fomentar las energías renovables, favorecer la descarbonización y la independencia energética, y reducir el precio de la factura eléctrica a la par que se mantiene la seguridad jurídica del sector. Aquí están algunas de las propuestas concretas:

PP

El PP considera que el actual modelo es adecuado y centra sus medidas en aprovechar los superávits del sistema para reducir la factura congelando los peajes y en rebajar los impuestos sobre la generación eléctrica, por ejemplo eximiendo del pago del Impuesto sobre la Producción a las nuevas instalaciones de renovables sin subvención.

Además, aboga por impulsar las interconexiones eléctricas y gasistas a nivel europeo y entre todas las comunidades, así como ampliar el peso de las renovables en el mix, realizando nuevas subastas competitivas e incorporando estas tecnologías en la climatización de edificios.

Se comprometen también a mantener las centrales nucleares, culminar la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) y dar un futuro a la minería "competitiva", a la par que defienden la necesidad de apostar por la movilidad con vehículos eléctricos y de biocarburantes, impulsar el transporte de mercancías ferroviario, y potenciar la rehabilitación de viviendas y los programas de eficiencia en sectores específicos y servicios públicos.

En este sentido, el PP destinará en cuatro años más de 1.800 millones de euros del Fondo Nacional de Eficiencia Energética para cumplir con los objetivos de ahorro de 2020, y asegura que impulsará la creación de nuevos fondos para reforzar el bono social y garantizar que todos los consumidores vulnerables se beneficien..

PSOE

Los socialistas hacen de la transición energética uno de los ejes de su programa, y por eso proponen un Pacto de Estado de la Energía que prevea la creación de una Comisión para la Transición Energética que acabe alumbrando una nueva ley en la que las renovables y el autoconsumo tengan un papel central y sin "trabas" como los peajes de respaldo.

Además, apuestan por reducir los hidrocarburos, restringir nuevas prospecciones de gas y petróleo, prohibir el fracking, revisar el proyecto de ATC de Villar de Cañas y cerrar ordenadamente todas las centrales nucleares, comenzando por Garoña. También impulsarán una auditoría de los costes de la tarifa energética.

Su promesa para dar cobertura a los consumidores vulnerables pasa por garantizar un suministro mínimo de luz y gas del 1 de noviembre al 31 de marzo, y apuestan asimismo por impulsar la fiscalidad verde para desincentivar conductas contaminantes y poco eficientes.

Asimismo, plantea dar financiación a la rehabilitación de edificios para que en 2025 se llegue a 200.000 viviendas al año y se generen unos 200.000 empleos, rehabilitar el 3% de la superficie de los edificios de la Administración central cada ejercicio, facilitar un cambio de modelo en las ciudades restringiendo incluso el acceso de vehículos privados e impulsar la movilidad verde.

CIUDADANOS

La formación naranja también se compromete a eliminar las "trabas" al autoconsumo y a facilitar el uso de tecnologías de almacenamiento, y propone no gravar la electricidad que no se vierta en la red, regulando además un sistema de balance neto en función del precio que la energía tenga en cada momento (y no de los kilowatios).

También modificará el sistema de precios para que se pague por lo que cuesta la producción de cada tecnología y apostará por que en 2050 nuestro modelo se base fundamentalmente en renovables, impulsando en particular el uso de fotovoltaica y geotérmica en la industria, el sector primario y la calefacción y el agua caliente residencial.

Con respecto al bono social, que ve como "una medida solo paliativa" con "importantes defectos de diseño", se planteará un cambio de sistema que prime las ayudas directas a instalaciones de autogeneración o a medidas de eficiencia y ahorro en lugar de pagar la factura a las familias vulnerables, que para beneficiarse de estos incentivos habrán de contar con un informe de los servicios sociales, con unos límites de renta per cápita.

Si en algún momento se dejan de cumplir esos requisitos, se deberá pagar la financiación pública que quede por amortizar de la inversión. En cualquier caso, una parte de la energía excedentaria de las instalaciones de autoabastecimiento privado se reservará para reducir la factura eléctrica de estas familias vulnerables. Ciudadanos también rechaza el fracking, aunque no menciona en su programa las centrales nucleares.

PODEMOS

El tema energético es el primer asunto que Podemos recoge en su programa electoral. Su principal apuesta es un Plan Nacional de Transición Energética que en 20 años movilice unos 300.000 millones de euros de inversión público-privada (1,5% del PIB cada año) para transformar el sistema productivo, inmobiliario y de transportes, creando de paso unos 300.000 puestos de trabajo en el primer año.

Esta plan se apoyaría, por una parte, en un Plan Nacional de Ahorro Energético que buscaría rehabilitar y mejorar la eficiencia de 200.000 viviendas cada ejercicio; y, por otra, en un Plan Nacional de Energías Renovables, que debería liderar la Administración adaptando progresivamente todas sus instalaciones. En cuanto a los consumidores vulnerables, aprobará una ley orgánica que garantice un suministro mínimo.

Además, la formación morada se compromete a derogar el decreto de autoconsumo para liberar a esta energía de cualquier imposición y prever una retribución "justa" de cualquier energía vertida a la red. Igualmente, rechaza el fracking, se compromete a estudiar cuántas centrales de ciclo combinado se podrían cerrar sin afectar al suministro, y asegura que clausurará paulatinamente las centrales nucleares y de carbón.

Por otro lado, recuperará la propiedad de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones caduquen, auditará los costes de todo el sistema eléctrico y el déficit de tarifa, y pedirá a la Comisión Europea (CE) que declare ayuda ilegal de Estado los costes de transición a la competencia (CTC), asegurándose además de impedir cualquier práctica oligopolística.

UNIDAD POPULAR (IU)

La candidatura que lidera Alberto Garzón propone asimismo un cambio de modelo energético que avance hacia la nacionalización del sector y favorezca las renovables, creando por ejemplo una empresa pública que apoye técnica y financieramente la producción distribuida a particulares y edificios.

Además, promoverá el autoconsumo permitiendo cambiar energía sobrante por subvenciones a las instalaciones y permitiendo el uso de baterías. La coalición cree además que hay que prohibir el fracking y las prospecciones petrolíferas y cerrar las centrales nucleares, obligando a sus empresas explotadoras a construir almacenes en sus actuales emplazamientos y a compensar a los municipios para no poner en peligro nuevos territorios.

Por otra parte, se aboga por crear tarifas por tramos sociales, pagando exclusivamente por consumo y sin cuotas de conexión, y asegurar un suministro básico gratuito vinculado al alquiler social. Una auditoría del sector, programas para favorecer el ahorro y un Plan Nacional de Rehabilitación son otras de las propuestas de IU.

UPYD

Finalmente, UPYD quiere un Plan Energético Nacional "de consenso" con más interconexiones, más transporte público y más eficiencia energética. La formación aboga además por mantener la energía nuclear y no prohibir de forma generalizada el fracking.

En cuanto al autoconsumo, es favorable al sistema de balance neto y a eliminar los peajes de respaldo; a la par que aboga por un sistema de formación precios de la energía "claro y transparente", por un bono social de la bombona de butano, y por eximir de impuestos a los vehículos híbridos de bajo consumo y a los eléctricos.