México ofrece a EEUU un diálogo "franco y constructivo" para abordar sus diferencias en política energética

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La subsecretaria de Comercio Exterior de México, Luz María de la Mora, ha informado de que las autoridades han ofrecido al Gobierno de Estados Unidos un diálogo "franco y constructivo" para abordar sus diferencias en política energética.

"Estamos abiertos a un diálogo franco con Estados Unidos para ver de qué forma podemos encontrar esos lugares donde podamos estar satisfechos los dos", ha aseverado después de que las autoridades estadounidenses solicitaran una serie de consultas por considerar que la política energética mexicana viola el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, conocido como TMEC.

De la Mora ha indicado que el tema está siendo analizado por parte del Gobierno y ha señalado que las conversaciones con Estados Unidos tendrían que llevarse a cabo en un plazo de 30 días.

Además, ha manifestado que el tratado contiene "mecanismos de solución de diferencias, justamente para que cuando las partes consideramos que puede ser no lo que se acordó en el tratado, lleguemos a un punto en donde podamos definir si efectivamente tiene la razón uno u otro".

El Gobierno mexicano ha confirmado, por otra parte, que ha recibido una solicitud de Canadá para iniciar consultas por el mismo motivo dado que Ottawa considera también que México no está cumpliendo con los compromisos del tratado en relación con la Ley de la Industria Eléctrica.

"La solicitud de consultas presentada por el Gobierno de Canadá contiene ciertos elementos comunes con la solicitud presentada por Estados Unidos, por lo que México buscará mantener un proceso coordinado con ambos socios comerciales del TMEC a efecto de discutir el alcance de dichas solicitudes", ha indicado el Ministerio de Economía en un comunicado.

El texto señala que, al igual que con Estados Unidos, "las consultas constituyen la etapa no contenciosa del mecanismo general de solución de controversias que prevé el TMEC" y sostiene que los gobiernos tienen un periodo de 75 días para solucionar la controversia durante esta etapa.

En caso de no llegar a un acuerdo sobre la correcta aplicación e interpretación de estas disposiciones, Canadá podrá solicitar el establecimiento de una comisión para que decida sobre este asunto.