Miles de manifestantes convierten la manifestación contra Mursi en una sentada

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de participantes en la manifestación celebrada este viernes en El Cairo han decidido a última hora de la noche en convertir la protesta en una sentada en la plaza Tahrir para solicitar la cancelación de la declaración constitucional anunciada por el presidente, Mohamed Mursi, en la jornada del jueves.

En la manifestación del viernes ha habido una ausencia total de fuerzas islamistas, ya que estos movimientos han protagonizado diversas contramanifestaciones para mostrar su apoyo a Mursi, miembro de Hermanos Musulmanes. Durante la jornada, estas fuerzas se han quedado en los alrededores del palacio presidencial a la espera de que el mandatario saliera a dar un discurso.

Entre los participantes en el que ha sido llamado 'Viernes del Odio y la Advertencia' han estado las fuerzas seculares egipcias, activistas de la sociedad civil y partidos liberales e izquierdistas, entre los que destacan Al Dustur, Egipcios Libres, Al Wafd, la Corriente Popular y la Alianza Popular Socialista.

Estos grupos han marchado por la ciudad junto a las fuerzas revolucionarias coreando cánticos contra la "violencia política", término con el que han definido las últimas decisiones de Mursi.

Los opositores a la nueva declaración constitucional han subrayado que el presidente quiere convertirse "en un nuevo faraón", aunque Mursi ha argumentado que no usará sus poderes a menos que sea necesario para salvaguardar la revolución.

A última hora de la jornada se han registrado diversos enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, especialmente en las calles de Mohamed Mahmud --foco de duros enfrentamientos entre Policía y manifestantes en noviembre de 2011 que se saldaron con 45 muertos y centenares de heridos-- y Qasr el Ainy, según ha informado el diario egipcio 'Al Masry al Youm'. Hasta el momento se han registrado al menos 20 heridos.

La protesta contra Mursi en la capital egipcia ha coincidido con los enfrentamientos entre partidarios y detractores del mandatario que se han registrado en nueve provincias del país (Alejandría, Ismailia, Assiut, Port Said, Suez, Mahalla, Damietta, Menya y Aswan).

Como consecuencia, el primer ministro egipcio, Hisham Kandil, ha convocado una reunión de urgencia con los ministros de Interior y de Defensa, Ahmed Gamal al Din y Abdelfatá Said Elsisi, para analizar la situación y estudiar las medidas a adoptar, según Al Arabiya.

LA DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL

Uno de los puntos más controvertidos del texto aprobado por Mursi es el sexto, en el que se establece que "el presidente está autorizado para tomar cualquier medida que considere adecuada para preservar y salvaguardar la revolución, la unidad y la seguridad nacional".

Varias voces críticas con el presidente han manifestado que este artículo supone una declaración de ley marcial bajo el disfraz de un artículo parte de un decreto, al tiempo que han mostrado su preocupación ante las posibles implicaciones de una formulación tan laxa, ya que queda abierta a interpretación la forma de aplicar o las situaciones en las que aplicar el artículo.

Asimismo, el sistema judicial no podrá vetar, anular ni enmendar ninguna ley, declaración o decreto emitido por Mursi desde que llegó al poder hasta que se ratifique una nueva Carta Magna y se haya elegido un nuevo Parlamento, protegiendo así sus decisiones de cualquier tipo de revisión.

Además, en su declaración constitucional, Mursi ha decretado que la Asamblea Constitucional no podrá ser disuelta ni por el sistema judicial ni por el Consejo de la Shura (la Cámara Alta del Parlamento egipcio), y que el organismo --dominado por Hermanos Musulmanes-- contará con otros dos meses de plazo para redactar la Carta Magna del país, extendiendo el plazo de los seis a los ocho meses.

Por último, ha ordenado la destitución del fiscal general del país, Abdel Maguid Mahmoud, y el nombramiento de Talat Abdulá --quien ha jurado su cargo minutos después de que Mursi terminara la lectura del decreto-- sin la aprobación del Consejo Judicial Supremo.