MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
Miles de personas han salido este sábado a las calles de las principales ciudades de Irlanda para protestar por la puesta en libertad de un militar que propinó una brutal paliza a una mujer en plena calle que le había reprochado sus insultos homófobos.
Las protestas se han realizado en Cork, Dublín, Galway o Limerick, precisamente donde ocurrieron los hechos en 2022. El militar Cathal Crotty, ahora de 22 años, agredió a Natasha O'Brien, de 24 años, y la golpeó hasta dejarla inconsciente.
"Elegí hablar porque no podía ni imaginarme el impacto sobre otras vícticas. Basta ya. Es el momento de que acabe", ha afirmado la propia O'Brien en su intervención ante la manifestación de Limerick. El caso se ha convertido en un símbolo de la violencia de género en el país.
Crotty ha sido puesto en libertad esta misma semana tras publicarse una sentencia que le concede la libertad condicional. O'Brien ha denunciado que esta decisión judicial le ha provocado un nuevo trauma.
Las protestas las han convocado organizaciones feministas bajo el lema "Ni una más". Piden además reformas legales. "La carrera de un soldado violento no puede ser más importante que la seguridad de las mujeres. Nuestro sistema judicial se pone de parte de los violentos cada día de la semana", ha denunciado el grupo Rosa.
El primer ministro irlandés, Simon Harris, ha manifestado su apoyo a O’Brien. "Vivimos en un país en el que sigue habiendo una epidemia de violencia de género", ha denunciado.
Crotty no estaba de servicio y había bebido alcohol, cogió a O'Brien del pelo, la tiró al suelo y la golpeó con los puños al menos seis veces. La mujer quedó con la nariz rota, inflamaciones, hemantomas y conmoción.
Crotty alegó que la mujer provocó el incidente, pero una grabación de una cámara de seguridad demostró que fue un ataque no provocado. El superior del militar, el comandante Paul Togher, testificó que era un soldado ejemplar y disciplinado.
El juez Tom O’Donnell condenó a Crotty a tres años de cárcel y una indemnización de 3.000 euros. La falta de antecedentes y el reconocimiento del delito han propiciado la decisión de concederle la libertad condicional.
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