La ministra de la Mujer niega que su organización estuviera financiada por Odebrecht

LIMA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de la Mujer de Perú, Ana María Romero Lozada, ha negado este martes que el Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, la organización que dirigía entre 2009 y 2011, hubiera recibido dinero de la empresa brasileña Odebrecht, investigada por un caso de sobornos en toda Latinoamérica.

Los congresistas Mauricio Mulder, del Partido Aprista Peruano (APRA, por las siglas de la denominación del grupo antiimperialista americano Alianza Popular Revolucionaria Americana), Héctor Becerril, de Fuerza Popular y Víctor Andrés Belaunde, de Acción Popular, pidieron este lunes la dimisión de Romero Lozada por sus vínculos con el expresidente Alejandro Toledo, implicado en el 'caso Odebrecht'.

No obstante, Romero Lozada ha negado "rotundamente" estas insinuaciones, subrayando que éstas afectan a su "integridad". "Desde 2013 nos han pedido toda la información sobre la financiación de la ONG y la hemos entregado. Las cuentas están claras", ha subrayado, según recoge el diario 'Perú21'.

La ministra ha insistido en que "no ha habido un sol" que se haya ingresado en el Centro Global para el Desarrollo y la Democracia que no haya sido autorizado por ella misma.

"Y no ha habido nada irregular. Además, la institución fue auditada tanto por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) como por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)", ha añadido.

Según un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicado por el mismo diario en 2015, la ONG de la que Romero Lozada fue directora y miembro de la directiva, recibió más de 70.000 dólares entre 2009 y 2011 de la empresa brasileña.

Por aquel entonces, la ahora ministra aseguró que todo era "transparente" y que no había nada "ilegal", sino que eran colaboraciones para una serie de actos celebrados entre esos años.

Este mismo lunes la Fiscalía ha formalizado la investigación preliminar contra el expresidente, acusado por delitos de tráfico de influencia y blanqueo de capitales por su implicación en la trama corrupta de Odebrecht. La Fiscalía ha pedido en su contra 18 meses de prisión preventiva.

Según versiones periodísticas, que citan información de la Fiscalía de Perú y Brasil, los pagos a Toledo empezaron en 2005, cuando se acercaba el final de su gobierno (2001-2006).

Toledo habría recibido este dinero para favorecer a Odebrecht en la licitación de la carretera Interoceánica. El dinero habría sido canalizado hacia las cuentas del empresario israelí Josef Maiman, amigo del expresidente, a través de sus empresas en paraísos fiscales.

No obstante, el exmandatario peruano niega todas las acusaciones contra él.