Policía de Ecuador en la capital, Quito, durante las protestas de la CONAIE
Policía de Ecuador en la capital, Quito, durante las protestas de la CONAIE - Juan Diego Montenegro/dpa
Actualizado: martes, 21 junio 2022 20:01

La Secretaría de Derechos Humanos de Ecuador pide la colaboración de organismos internacionales para facilitar el diálogo entre Gobierno y manifestantes

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El ministro de Defensa de Ecuador, el general retirado Luis Lara, ha celebrado este lunes una conferencia de prensa rodeado del Alto Mando militar en la que ha advertido de que la democracia en el país "está en serio riesgo" debido a las protestas y el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

"La democracia de Ecuador está en serio riesgo ante la acción concertada de personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de ecuatorianos y las acciones de grupos violentos cuyos único objetivo es crear el pánico, agrediendo y extorsionando a las empresas, a las instituciones y a las autoridades", ha denunciado el ministro.

Si bien Lara no ha hecho alusión directa a la CONAIE, ha mostrado su indignación por la "manipulación" de la protesta social y el aumento de actos violentos por parte de aquellos que han rechazado tomar la vía del diálogo con el Gobierno para imponer sus directrices en vez de negociarlas, según ha recogido el diario ecuatoriano 'Expreso'.

Este contexto, según Lara, se ve alimentado también por un hecho "aun más grave" como es el "brutal ataque criminal que el país ha venido sufriendo por parte de los narcotraficantes y el crimen organizado". El ministro de Defensa considera que estas protestas son un "intento deliberado" de usar la violencia armada para atacar "la democracia y amenazar las instituciones".

Finalmente, el máximo responsable del Ejército ecuatoriano ha hecho alusión a las protestas sociales registradas en el país en 2019, cuando la población salió a la calle en disconformidad con una serie de medidas económicas anunciadas por parte del gobierno del entonces presidente, Lenín Moreno.

El ministro ha señalado que cuando se dan sucesivas protestas sociales que derivan en enfrentamientos no se puede defender que haya infiltrados violentos, sino que las tensiones se dan "con consentimiento" de aquellos encargados de organizar los actos reivindicativos".

"Si en cada protesta social se infiltran personas que destruyen los bienes públicos y privados, causan heridos, incendian patrulleros, agreden a periodistas, extorsionan a las empresas y ciudadanos, es evidente que actúan con consentimiento de quienes organizan las movilizaciones", ha zanjado Lara.

La CONAIE convocó hace ya más de una semana un paro nacional que en algunos puntos del país ha derivado en actos violentos, especialmente el lunes en la capital, Quito. Como consecuencia del paro hay cerca de 80 tramos de carreteras bloqueadas por las protestas, así como más de 60 agentes de Policía heridos, según el Ministerio del Interior.

En este contexto, la Secretaría de Derechos Humanos de Ecuador ha hecho un nuevo llamamiento al diálogo entre manifestantes y Gobierno de tal modo que se garantice el respeto de los derechos fundamentales de la ciudadanía y se alcance una "convivencia de paz".

Así, la Secretaría de Derechos Humanos ha emitido un comunicado en el que ha pedido la "asistencia técnica" de organismos internacionales para participar en mesas de diálogo, una propuesta que ha sido bien recibida por representantes de varias agencias de Naciones Unidas.

"El Gobierno nacional busca la tranquilidad, armonía y trabajo conjunto para continuar con la reactivación económica del Ecuador. El trabajo es un derecho humano transversal en la vida cotidiana que debe ser respetado (...) Los caminos del diálogo son necesarios para llegar a una paz definitiva del pueblo para el pueblo", ha zanjado el ente gubernamental.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó el lunes un nuevo estado de excepción por 30 días para las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura, donde "se concentrar la mayoría de actos violentos que atentan contra la integridad física de las personas", según un comunicado de la Presidencia de Ecuador.

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