Muere en Nepal una mujer por inhalación de gases en una cabaña en la que estaba confinada por tener la menstruación

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer nepalí falleció la semana pasada por inhalación de gases tras encender un fuego para calentar la cabaña sin ventilación donde estaba recluida debido a que tenía la menstruación, según han informado este lunes los medios locales.

Según ha recogido el diario local 'The Kathmandu Post', la fallecida es una mujer de 21 años identificada como Parwati Bogati, residente en la localidad de Purbichauki, en la que hay seis de estas cabañas.

A mediados de enero murieron una nepalí de 35 años y sus dos hijos, de doce y nueve, como consecuencia del incendio en una de estas cabañas, a pesar de que este tipo de marginaciones llevan más de una década prohibidas en Nepal.

Amba Bohara y su familia habían encendido un fuego para tratar de calentarse en el interior de la choza, construida a base de barro y piedras en el distrito de Bajura. A la mañana siguiente, el suegro de la joven localizó los tres cadáveres, según la Policía.

"Murieron asfixiados porque no había ventilación y habían hecho la sala hermética para combatir el frío", explicó el portavoz policial Uddhav Singh Bhat en declaraciones a la Thomson Reuters Foundation. "Sacamos sus cuerpos con las piernas quemadas", agregó.

La práctica del 'chhaupadi', según la cual las mujeres y las niñas quedan recluidas en habitáculos habitualmente reservados a animales durante la menstruación, fue ilegalizada en 2010, aunque sigue siendo habitual en regiones remotas del este.

Las familias, temerosas de la supuesta impureza asociada a la regla, temen que compartir techo con las mujeres traiga mala suerte y provoque incluso desastres naturales. Esta exclusión deja a quienes la sufren a merced de todo tipo de riesgos, desde ataques de animales a abusos sexuales.

En 2018, una mujer ya murió asfixiada durante uno de estos periodos, mientras que el año anterior una adolescente perdió la vida al ser mordida por una serpiente.

Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han emplazado a las autoridades a endurecer la vigilancia sobre esta práctica, castigada con tres años de cárcel y multas de 3.000 rupias (unos 23 euros).