Murad y Mukwege, símbolos de lucha en dos países marcados por la violencia sexual

La ONU constata el uso de la violencia sexual como arma de guerra en Irak y República Democrática del Congo

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Noruego ha premiado este año con el Nobel de la Paz la labor de la activista yazidí Nadia Murad y del cirujano congoleño Denis Mukwege, personificando en ellos el reconocimiento a la lucha contra la violencia sexual en dos países históricamente marcados por este crimen de guerra.

La irrupción del grupo terrorista Estado Islámico en varios países de Oriente Próximo sembró el caos en 2014 y, en la parte norte de Irak, se tradujo en todo tipo de barbaridades. Los yazidíes, la minoría a la que pertenece Murad, sufrieron en propias carnes ataques dirigidos que fueron catalogados como genocidio por parte de la ONU.

En el pueblo donde vivía Murad, cientos de personas fueron masacradas y las niñas y mujeres más jóvenes fueron raptadas para ser utilizadas como esclavas sexuales. La ahora activista vivió tres años de "pesadilla" --como ha recordado el Comité Noruego-- antes de poder escapar y dar voz en todo el mundo a las 3.000 mujeres y niñas yazidíes víctimas de los abusos sistemáticos de la organización yihadista.

La progresiva liberación de las zonas tomadas por Estado Islámico ha ido sacando a la luz algunas de estas historias, que dan cuenta por ejemplo de matrimonios forzados en los que la violación se convertía en herramienta de castigo ante cualquier atisbo de desobediencia al hombre, según recoge el secretario general de la ONU, António Guterres, en su último informe sobre violencia sexual, publicado en marzo de este año.

Hasta noviembre de 2017, más de 3.200 civiles, entre ellos 1.135 mujeres y 903 niñas, fueron liberados de Estado Islámico, si bien una cifra similar de rehenes seguían desaparecidos. La ONU y otras organizaciones defensoras de los Derechos Humanos temen que éstas y otras cifras sean incluso mayores, en la medida en que no siempre es fácil conocer este tipo de datos en un contexto de conflicto.

En el caso de la violencia sexual en Irak, Guterres señaló en su informe entre los principales desafíos la falta de conocimiento de la cifra real de casos debido a la inseguridad, el miedo a represalias o unas convenciones sociales que priorizan el honor familiar o que extienden también la culpa de los abusos a cualquier persona que se haya visto relacionada con Estado Islámico, aunque fuese por la fuerza.

EL CAOS CONGOLEÑO

Mukwege, habitual en las quinielas del Nobel de los últimos años, ha sido clave para ayudar a miles de pacientes gracias a la labor de su hospital en Bukavu, en la parte este de República Democrática del Congo. El personal del centro ayuda de forma gratuita a paliar las secuelas físicas de la violencia sexual, con reconstrucciones y cirujías que devuelven un mínimo de esperanza y dignidad a las víctimas.

El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) informó de más de 5.700 casos de violencia sexual en zonas afectadas por el conflicto en la RDC en 2017, más del doble que en 2016. La misión de paz de la ONU (MONUSCO) pudo verificar más de 800 casos, 765 de ellos de mujeres y niñas, pero como en el caso de Irak esto solo sería la punta del iceberg.

El 72 por ciento de las víctimas son atribuíbles a grupos armados, aunque en el país africano las culpas se extienden también a las autoridades. Así, en 2017 aumentaron los casos correspondientes a acciones de miembros de las Fuerzas Armadas (un 28 por ciento más) y a la Policía Nacional (un 109 por ciento más), según el informe de Guterres.

Dicho texto alude a "ataques deliberados" en los que la violencia sexual juega un papel fundamental. El Comité Noruego, al reconocer a Murad y Mukwege, advirtió de que este tipo de abusos son un "arma de guerra" y República Democrática del Congo no es una excepción en este sentido.

Los grupos armados no dudan en recurrir a todo tipo de prácticas consideradas "tabú" como pueden ser que las víctimas sean violadas delante de sus familiares o que se le quite el feto a una mujer embarazada. En al menos uno de los casos analizados por la ONU, la víctima fue obligada a mantener relaciones sexuales con un pariente antes de ser ejecutado.