El 'no' escocés abre la vía a un proceso de reforma autonómica y descentralización

Cameron quiere solucionar la paradoja de que un diputado escocés pueda decidir leyes inglesas, pero no al contrario

LONDRES, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fin de la amenaza que la independencia de Escocia representaba para Reino Unido ha dado paso a un nuevo escenario de incertidumbre en el que la negociación para un traspaso "sin precendetes" de competencias tendrá que acometerse en paralelo a la mejora de la capacidad de decisión de los demás territorios que forman parte de la unión, especialmente Inglaterra.

El primer ministro, David Cameron, abordó directamente la cuestión en su primera intervención tras conocer la victoria del 'no' en el histórico referéndum celebrado ayer en Escocia. Aunque el desenlace conocido a primera hora de la mañana de hoy ofreció una bomba de oxígeno a un dirigente en la cuerda floja si las urnas confirmasen la ruptura del país, en su discurso en Downing Street evitó los triunfalismos.

Las concesiones de última hora ofrecidas junto a los demás líderes políticos para convencer al electorado escocés de que apostasen por el 'status quo' lo obligan ahora a aceptar para Escocia propuestas de difícil digestión para las filas conservadoras, donde ya hay sectores que denuncian que se ha pagado un precio demasiado alto por mantener la unión.

Su último as en la manga en la campaña había prometido mantener el actual método del Ministerio del Tesoro británico para determinar la distribución de gasto público, lo que significa que Edimburgo seguirá disfrutando de un mayor gasto per cápita que Inglaterra, incluso si poderes clave como la política tributaria, o la gestión de los recursos financieros, son transferidos.

PRIVILEGIOS DE ESCOCIA

Escocia recibe unas 1.600 libras más por habitante, por lo que el blindaje de la financiación obliga a los partidos británicos a mover ficha para contrarrestar los efectos de esta generosidad, incluso a pesar de que ni siquiera habían logrado todavía acordar en detalle los términos de los traspasos.

Aunque hay un calendario de trabajo, las propuestas no ha sido negociadas aún y es difícil prever que el Partido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés) se limite a aceptar las pautas que le ofrezcan sus interlocutores de Londres.

Su líder, Alex Salmond, sabe que sus rivales políticos están obligados a admitir propuestas de calado, ya que, de lo contrario, su entregada implicación en la campaña del referéndum amenazaría su credibilidad a pocos meses de las generales.

ATENCIÓN A LOS DEMÁS TERRITORIOS

Sin embargo, con el plebiscito decantado por el 'no', el primer ministro ha refocalizado su atención ante la presión que ahora siente no sólo de los demás parlamentos existentes en Reino Unido, el de Gales y el de Irlanda del Norte, sino de sus propios diputados, que exigen la apertura de un proceso de reforma autonómica para garantizar el equilibrio territorial.

"Es la hora de que todo Reino Unido se una y se mueva hacia adelante. Una parte vital para ello será un acuerdo equilibrado, que sea justo para los escoceses pero también es crucial que lo sea para cada ciudadano de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte", mantuvo en su intervención de hoy.

Consciente de que el granero de votos de los 'tories' está en Inglaterra, Cameron se ve obligado a atender las cada vez mayores demandas de "votos ingleses, para leyes inglesas", un principio contenido en el programa electoral de los conservadores en 2010 que estipula que las leyes que afectan en exclusiva a Inglaterra sólo deberían ser votadas por diputados de circunscripciones inglesas.

De ahí que haya anunciado planes para poner fin a una paradoja que permite que parlamentarios escoceses puedan decidir sobre normativas que afectan a Inglaterra, pero nunca al contrario.

La denominada 'Cuestión West Lothian' ha atormentado a todos los inquilinos de Downing Street desde su formulación en 1977, cuando un diputado preguntó por qué un representante de la circunscripción de Blackburn en West Lothian, Escocia, puede votar sobre temas británicos y otro de Blackburn, en el condado inglés de Lancashire, se ve incapacitado para decidir en el ámbito escocés.

NEGOCIACIONES EN PARALELO

Su intención es responder al fin a esta cuestión aprovechando la negociación de los compromisos acordados durante la campaña para el referéndum de ayer, si bien frente al consenso de base de los tres partidos para transferir poderes a Escocia, la reducción del derecho a voto en Westminster tiene una más difícil materialización, sobre todo por el riesgo de crear diputados de dos categorías.

No en vano, un partido tan dependiente de los de circunscripciones escocesas como el Laborismo (tiene 40 de 59, frente a un único asiento para los conservadores) podría ver cómo, pese a contar con mayoría absoluta, no es capaz de obtener los votos necesarios en el Parlamento.

En principio, los ciudadanos comparten inquietud. Una encuesta reciente de la firma YouGov reveló que el 62 por ciento de los ingleses cree que los diputados escoceses deberían estar vetados de cualquier votación de leyes sólo inglesas. Por ello, Cameron ha decidido extender al resto de Reino Unido el "deseo de cambio" expresado ayer en las urnas para impulsar una descentralización necesitada consenso y que dependerá mucho de los laboristas.

DIFÍCIL TESITURA

El planteamiento expresado hoy por el 'premier' de resolver la 'Cuestión West Lothian' los pone en una difícil tesitura. El plantemiento, popular en Inglaterra, hogar del 86 por ciento de la población de Reino Unido, colisiona con las ventajas de su popularidad al norte de la frontera: sin Escocia, Cameron habría obtenido la mayoría absoluta en 2010 y sin la votación de diputados escoceses en Westminster, un Gobierno laborista no obtendría la mayoría necesaria para cuestiones clave como el propio Presupuesto.

La denominada "revolución de devolución" también divide a sus socios de Gobierno, pero el 'premier' ha anunciado ya el nombramiento del ex ministro de Exteriores y actual portavoz en la Cámara de los Comunes, William Hague, para evaluarla en un comité especial del Gobierno. Su función será revisar también las opciones para Gales e Irlanda del Norte, aunque las opciones no se han planteado todavía.