El norte de Benín se enfrenta al riesgo de expansión yihadista pero está a tiempo de evitarlo

En la zona subyacen algunos de los problemas que los terroristas han sabido explotar en otras zonas del Sahel

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El norte de Benín presenta varias de las condiciones que han permitido a los grupos yihadistas extender su avance inexorable en los países del Sahel, con la mirada puesta en avanzar hacia el golfo de Guinea. Aunque ya se ha constatado su presencia las autoridades, estas, con apoyo internacional, podrían revertir la situación.

Esta es la principal conclusión del informe 'Leyes de atracción. El norte de Benín y el riesgo de propagación del extremismo violento' elaborado por Kars de Bruijne y publicado por el instituto holandés Clingendael, con apoyo del proyecto ACLED.

Como subraya el autor, "el contagio de la violencia" de los últimos años en el Sahel, empezando por el norte de Malí y extendiéndose luego a Burkina Faso y al oeste de Níger, "ha estado motivado por factores locales".

Los yihadistas se han convertido en "maestros en el arte de explotar las vulnerabilidades locales en torno al uso de tierras, la gestión de recursos, la exclusión social y las tensiones étnicas", resalta De Bruijne, que en su informe expone que muchas de estas vulnerabilidades ya están presentes en el norte de Benín, donde también se ha avistado a combatientes.

Para ello, ha analizado la situación en las regiones de Alibori, Atacora y Borgou, fronterizas con tres escenarios de actividad extremista: la región Este de Burkina Faso, donde opera tanto el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM, la filial de Al Qaeda) como Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS); las regiones de Tillabery y Dosso, en el oeste de Níger, donde está presente ISGS; y el noroeste de Nigeria y su Cinturón Medio, donde operan bandas y grupos extremistas.

Atacora saltó a los titulares en mayo de 2019, a raíz del secuestro de dos turistas franceses y el asesinato de su guía beninés en la Parque de Penjari, que forma parte de un área protegida que abarca zonas de Níger, Burkina Faso y Benín. Los dos franceses fueron liberados posteriormente en una operación militar en la vecina Burkina Faso.

Sin embargo, este incidente fue único y la violencia en la región está principalmente ligada a enfrentamientos entre agricultores y pastores por tierras de pastoreo y disputas entre familias por tierras, por lo que los grupos que participan en ella son comunitarios.

En el caso de Alibori, sin embargo, en los dos últimos años se han producido enfrentamientos entre grupos armados, en particular entre agricultores y ganaderos, pero también entre los 'rangers' que protegen los parques, cazadores furtivos y hombres armados de etnia fulani. Como resultado, en 2020 hubo 15 fallecidos, todos ellos en enfrentamientos cerca del Parque W.

Aunque en este caso la violencia tiene principalmente un carácter comunitario, también se ha constatado la presencia de nigerianos y nigerinos, un factor que estaría relacionado con la transhumancia, ya que por esta región pasa una importante ruta.

RAZONES DE LA VIOLENCIA

Según los datos recabados para el informe, el 45% de la violencia política en estas tres regiones tiene que ver con el conflicto entre agricultores y ganaderos; el 10% el acceso a las tierras, que también tiene que ver con el primero; y el 10% con la gestión del Parque W y el Parque Pendjari.

Las disputas entre agricultores y pastores son algo común en la región. En el caso de Benín, los cambios económicos y sociales de las últimas décadas han provocado que muchos pastores se hayan sedentarizado, generando disputas frecuentes por las tierras. Además, el informe constata que el factor étnico está cada vez más presente en esta confrontación, con una implicación de fulanis en muchos de los choques.

También la transhumancia genera enfrentamientos y en los últimos años se ha constatado que los pastores se han venido armando, con espadas y arcos, pero también con pistolas. Los cierres de fronteras por la COVID-19 han dificultado el tradicional traslado del ganado, tensando aún más la situación.

GESTIÓN DE LOS PARQUES NATURALES

Otro de los factores que preocupa en el contexto de Benín tiene que ver con la gestión del Parque W, en Alibori, y del Parque Pendjari, en Atacora, dos importantes destinos turísticos. Tras la independencia, apenas hubo gestión gubernamental, mientras que durante los años 2000, la gestión pasó al Centro Nacional de Gestión de Reservas de Fauna (CENAGREF), en coordinación con las comunidades locales, lo cual les permitía cultivar en algunas zonas, llevar a beber a su ganado e incluso cazar y pescar.

En 2017, el Gobierno de Patrice Talon otorgó un contrato de gestión por diez años a African Parks Network (APN) para que se encargara de ambos espacios, lo que supuso la privatización de los parques y el fin del uso público para la población local, lo que generó nuevas tensiones.

Así, el informe ha documentado varios incidentes de conflicto entre los 'rangers' y la población local además de las comunidades transhumantes, que han visto interrumpidas dos importantes rutas.

PRESENCIA DE YIHADISTAS

"La presencia de grupos extremistas violentos es un problema mayor para Benín de lo que se ha admitido hasta ahora", asegura De Bruijne, destacando que ya hay células presentes, "aunque de forma temporal y transitoria", y por el momento no parece haber "colusión" entre estos y los implicados en la violencia comunitaria.

Una célula de ISGS opera en la zona fronteriza de Níger con Alibori, mientras que en el caso de Atacora, fronteriza con el este de Burkina Faso, aquí la presencia es principalmente de JNIM. Según el informe, integrantes de JNIM se mueven por los dos parques y desde marzo de 2021 ha habido un aumento de incidentes armados con los guardias de APN.

Y ¿qué está haciendo el Gobierno de Patrice Talon para enfrentar esta situación? Según el autor, en buena medida intentar ocultar lo que está pasando a la opinión pública y también a los donantes, como ocurrió con un ataque de JNIM en Pendjari el 25 de marzo pero que no se desveló hasta después de las elecciones presidenciales en las que obtuvo la reelección.

Esta presencia de yihadistas "no significa que Benín sea el siguiente objetivo", sostiene el autor del informe, incidiendo en que su actividad es principalmente en apoyo a sus acciones en Burkina Faso, Níger y Nigeria, pero la situación debe cambiar.

LA APN COMO FUERZA ANTITERRORISTA

En este sentido, advierte de que la APN se ha convertido, con el beneplácito de Talon, en "la unidad antiterrorista" del país, ya que sus efectivos están bien entrenados y armados y tienen incluso apoyo de drones y de vigilancia aérea. Actualmente cuenta con 125 rangers en Pendjari y unos 60 en Parque W y se espera que lleguen a 324 ese año. Por contra, las Fuerzas Armadas Beninesas (FAB) están mal entrenadas y equipadas.

Esta privatización de facto de la lucha antiterrorista, alerta, supone introducir "incentivos comerciales e ideológicos" lo que amenaza con generar conflicto. Además, advierte el autor, ampliar las operaciones de APN fuera de Benín, como parece haberse barajado, amenazaría los bastiones de los terroristas, que podrían reaccionar en consecuencia.

El autor llama la atención sobre el hecho de que la lealtad de la APN es con Talon y que la firma trata directamente con las agencias de Inteligencia occidentales, incidiendo en la importancia de gestos por parte de la misma hacia las comunidades locales para evitar "seguir creando descontento local que pueda convertirse en la puerta de entrada" para los yihadistas.

Además de un cambio en la política de seguridad, con una mayor apuesta por las fuerzas de seguridad nacionales --pese al temido riesgo de golpe de Estado por parte de Talon--, el presidente también debería tratar de enmendar su mala relación con los mandatarios de los países vecinos, dado lo transnacional del problema yihadista en el Sahel, remacha De Bruijne.