Agresiones a guardias de la Embajada, declaraciones políticas o su propia salud son algunas de ellas
MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Ecuador ha anunciado este jueves la retirada del asilo político que el anterior presidente, Rafael Correa, concedió al fundador de Wikileaks, Julian Assange, en 2012 para protegerle de una eventual extradición a Estados Unidos, esgrimiendo nueve motivos concretos que van desde una "conducta irrespetuosa" a problemas de salud.
"La paciencia de Ecuador ha llegado a su límite", ha dicho el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, en un vídeo difundido por redes sociales de madrugada (hora local).
Moreno ha señalado como principal razón que Assange ha tenido en los últimos años una "conducta irrespetuosa y agresiva". "Instaló equipos electrónicos no permitidos. Bloqueó las cámaras de seguridad. Ha agredido y maltratado a guardias. Ha accedido sin permiso a archivos de seguridad de nuestra Embajada", ha relatado.
También ha recordado que "violó particularmente la norma de no intervenir en asuntos internos de otros estados" con los que Ecuador guarda buenas relaciones. Moreno ha puesto como ejemplo la filtración por parte de Wikileaks el pasado mes de enero de documentos confidenciales del Vaticano.
Todo ello, supone una violación del "protocolo de convivencia" que las autoridades ecuatorianas le obligaron a firmar cuando la relación comenzó a deteriorarse, y que le compelía a mantener limpias las estancias que usara y a cuidar de su gato, entre otras cosas. "Lo mínimo que alguien exige a un huésped que vive en su casa", ha defendido Moreno.
Ha mencionado igualmente la "transgresión de los convenios internacionales", en alusión a las convenciones de La Habana y Caracas que regulan el derecho a asilo político en la región. El asilo político, ha subrayado el ministro de Exteriores, José Valencia, no es un instrumento para evadir la Justicia.
Valencia ha comparecido ya en horas de la tarde ante la Asamblea de Ecuador para exponer los nueve motivos concretos que han empujado a la nación andina a revocar el asilo político al editor australiano, sumando a los tres señalados por Moreno otros seis.
Así, el jefe de la diplomacia ecuatoriana ha apuntado que la salud de Assange no ha hecho más que empeorar en los seis años y diez meses que ha permanecido recluido en la Embajada. El ministro de Interior de Reino Unido, Sajid Javid, ha esgrimido la misma causa.
Además, se ha referido a la parálisis del caso Assange, ya que desde que puso un pie en la misión ecuatoriana en Londres la posición de las autoridades británicas se ha mantenido invariable: debe entregarse para responder por los delitos que se le imputan.
Respecto al temor del fundador de Wikileaks a ser entregado a Estados Unidos para que le juzguen por la publicación de documentos clasificados arriesgándose a ser condenado a pena de muerte, Valencia ha sostenido que, cuando Ecuador retiró el asilo político, no había ninguna solicitud de extradición en su contra.
El ministro de Exteriores ha añadido que, previendo que Washington pudiera reactivar la causa contra Assange, Quito pidió a Londres garantías expresas de que no sería entregado a ningún país que pudiera condenarle a muerte o donde pudiera sufrir tortura. Según Valencia, Reino Unido las ha concedido "por escrito".
Ha revelado asimismo que el Gobierno ha detectado una serie de irregularidades en el trámite administrativo para conceder la nacionalidad ecuatoriana a Assange. Por ejemplo, en las "pruebas de naturalización" logró una nota de 100 sobre 100, "lo que contrasta con la evidencia de que no tiene conocimiento del idioma".
En consecuencia, Ecuador también ha procedido a suspender la nacionalidad ecuatoriana de Assange, otorgada en 2017 en un aparente intento de que perdiera la condición de asilado político y saliera de la Embajada, hasta aclarar si se produjo un "acto administrativo lesivo".
Por último, Valencia ha aludido al elevado coste de mantener a Assange en la sede diplomática. Ha detallado que supera los 6,5 millones de dólares con partidas de seguridad, alimentación, higiene personal, asistencia médica y asesoría jurídica, según informa el diario ecuatoriano 'El Telégrafo'.
CASO ASSANGE
La Justicia sueca emitió en 2012 una orden de detención contra Assange por abusos sexuales. El Gobierno de Correa le concedió el asilo político para evitar que fuera entregado a la nación nórdica y desde allí pasara a Estados Unidos para ser juzgado bajo amenaza de pena muerte.
Reino Unido, donde se encontraba Assange en esos momentos, se negó a darle un salvoconducto para que viajara a Ecuador alegando que debía entregarle a Suecia. Entonces, se refugió en la Embajada y, tras faltar a su primera cita judicial, fue acusado de violar los términos de la libertad condicional.
El nuevo Gobierno de Moreno, que siempre ha considerado a Assange un problema heredado de Correa, ha anunciado este jueves que le retira el asilo político por vulnerar las normas internacionales sobre el mismo y el protocolo de convivencia en la Embajada.
Inmediatamente después, era detenido por la Policía Metropolitana de Londres. El editor australiano se ha sometido este mismo jueves a un juicio rápido en un tribunal británico que le ha declarado culpable de violar la libertad condicional. La pena exacta no se conocerá hasta más adelante, si bien podría ascender a doce meses de cárcel.
Estados Unidos también ha movido ficha y ha revelado que acusa a Assange de conspirar con la ex analista de Inteligencia del Ejército Chelsea Manning para 'hackear' los ordenadores del Departamento de Defensa y acceder a documentos clasificados, por lo que podría ser condenado a cinco años.
Desde Suecia, la mujer que acusó a Assange de violación ha pedido formalmente a la Fiscalía que reabra el caso, que quedó cerrado en 2017 porque la presencia del fundador de Wikileaks en la Embajada hacía imposible que la investigación avanzara.
Reino Unido debe decidir cómo procede con Assange. A la espera de lo que resuelvan las autoridades suecas, Estados Unidos sigue pendiente de su extradición. Ecuador ha explicado que el Gobierno británico le ha dado garantías de que no será entregado a ningún país donde pueda ser condenado a pena de muerte o sufrir tortura.