La OCI pide al Gobierno birmano que proteja los derechos de la minoría rohingya

DACA 3 Ago. (Reuters/EP) -

El director de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), Yousef Bin Ahmad al Othaimeen, ha instado al Gobierno birmano a respetar los Derechos Humanos de la minoría musulmana rohingya que vive en el estado de Rajine, en la costa oeste del país.

"Birmania no puede violar los Derechos Humanos de los rohingyas", ha asegurado. Con este llamamiento también se pretende "garantizar la ciudadanía de los rohingyas", ha explicado Othaimeen.

Sin embargo, el Gobierno de la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, ha negado las acusaciones y ha rechazado el acceso de un grupo de expertos de la ONU, alegando que su asistencia, y la consecuente defensa de su postura, agravarían la situación en la zona de Rajine.

No obstante, Othaimeen, representante de los 57 estados que conforman la OCI, insiste en la necesidad de unir lazos con las mayorías musulmanas de los países vecinos para hacer frente, de forma conjunta, a la crisis de refugiados."Birmania debería sentarse con Bangladesh, Indonesia y Malasia para encontrar una vía que solucione esta crisis", ha afirmado.

Othaimeen también espera visitar este viernes a los musulmanes de Rajine que se encuentran en el campo de refugiados de Kutupalong y en la ciudad de Cox Bazar, han explicado fuentes del Ministerio de Exteriores de Bangladesh.

Cientos de rohingyas viven en Bangladesh sin ser oficialmente reconocidos como refugiados, aunque la Policía no suele presentar cargos de inmigración contra ellos. Sin embargo, eso no impide que su presencia siga siendo una fuente de tensión entre ambos países.

Mucha gente en Birmania ve a los rohingyas como inmigrantes ilegales llegados de Bangladesh, aunque aproximadamente 1 millón de ellos vivan en Rajine y digan que sus raíces allí se remontan generaciones.

La última crisis se desató el pasado 9 de octubre, cuando un grupo armado conocido como Harakah al Yaqin atacó puestos de guardia fronterizos establecidos por Birmania.

El ataque, en el que murieron nueve policías, provocó que unas 75.000 personas huyeran a Bangladesh durante la consiguiente represión militar, que se vio salpicada por acusaciones de violación, tortura y ejecuciones extrajudiciales contra las fuerzas de seguridad.