Una ONG acusa al Gobierno etíope de impedir sus investigaciones sobre la guerra de Tigray

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Etíope para los Derechos Humanos, una de las organizaciones humanitarias más veteranas de Etiopía, ha acusado al Gobierno y al Ejército del país de entorpecer sus esfuerzos para investigar la guerra de Tigray, uno de los conflictos más sangrientos de la historia reciente del continente africano.

En un comunicado publicado en la red social X, el Consejo (o EHRCO, por sus siglas en inglés), lamenta que las autoridades federales del país, así como las regionales de Tigray, llevan meses denegando sus peticiones para visitar las zonas más cruentas de los combates que durante dos años sacudieron el norte de Etiopía.

"Este año, las autoridades han ignorado las cartas enviadas a las fuerzas de seguridad y a los lugares de detención en Adís Abeba y Oromia, así como a centros de detención 'de carácter informal' como Awash Arba, donde se denunciaron graves abusos", lamenta la organización.

La guerra en Tigray estalló en noviembre de 2020 entre el Ejército y el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF), la fuerza que hasta entonces dirigía el estado etíope, en el comienzo de dos años de absolutas atrocidades por parte de ambos bandos en conflicto, a juicio de las investigaciones de la práctica totalidad de organizaciones humanitarias internacionales.

La guerra terminó con la firma de un acuerdo de paz en 2022 en Pretoria (Sudáfrica) que estableció una autoridad local provisional en Tigray bajo los auspicios del Gobierno y un saldo de muertos que oscila entre los 100.000, según las autoridades etíopes, y los 600.000, según llegó a estimar en su día la mediación de la Unión Africana en lo que se trataría de la segunda guerra más sangrienta del siglo XXI (la Segunda Guerra de República Democrática del Congo, que dejó más de tres millones de muertos, empezó en 1998).

"Si bien se ha producido cierta cooperación reciente, el EHRCO afirma que persisten restricciones generales a sus operaciones e insta a los gobiernos a que se abstengan de obstaculizar su función independiente de supervisión e investigación de hechos y a que cooperen para garantizar el respeto de los Derechos Humanos", concluye el comunicado.