La ONU acusa a los agentes chilenos de abrir fuego sin justificación durante las protestas

La oficina de Bachelet detecta un "elevado número de violaciones de los Derechos Humanos" y critica la inacción de las autoridades

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Las fuerzas de seguridad chilenas utilizaron fuego real durante las últimas protestas "en ausencia de todo riesgo para la vida de civiles o militares y contra personas que no estaban participando en actos de violencia", según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que ha detectado un "elevado número" de abusos que atribuye, en parte, a la inacción del Gobierno.

El informe, publicado a raíz de una reciente visita al país, concluye que "Carabineros ha incumplido de forma reiterada con el deber de distinguir entre personas que se manifestaban y manifestantes violentos", hasta el punto de contravenir en algunos momentos los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.

"Puede, dependiendo de las circunstancias, constituir una ejecución extrajudicial", han advertido los expertos, que han analizado al detalle once de las 26 muertes investigadas por la Fiscalía chilena. Cuatro de estos casos constituyeron "privación arbitraria de la vida y otras muertes ilícitas que involucran a agentes del Estado" y, en dos de ellos, se habría utilizado fuerza letal sin justificación.

La oficina que dirige la expresidenta chilena Michelle Bachelet ha condenado también el número "alarmantemente alto" de personas con heridas oculares o faciales, que ronda los 350. Considera que se debe el uso de armas no letales "de manera inadecuada e indiscriminada", en particular escopetas antidisturbios de perdigones.

Aunque la mayoría de las heridas oculares corresponden al uso de perdigones, Naciones Unidas también ha detectado casos derivados del "uso de irritantes químicos", en particular gases lacrimógenos, y del impacto de los cartuchos de estos gases.

Las autoridades, reza el informe, "tenían información sobre el alcance de las lesiones desde el 22 de octubre". "Sin embargo, no se tomaron medidas eficaces, expeditas y oportunas para poner fin al uso de armas menos letales", ha denunciado el Alto Comisionado.

El Ministerio de Justicia estima que 4.903 personas habían resultado heridas desde el inicio de las protestas y hasta el 10 de diciembre, entre ellas 2.792 miembros de los Carabineros. "Otras fuentes sugieren la existencia de un mayor número de personas heridas", ha señalado el Alto Comisionado.

TORTURAS Y ABUSOS SEXUALES

La misión de la ONU ha elaborado un informe de 30 páginas en el que resume las principales conclusiones extraídas de sus reuniones y entrevistas con cientos de fuentes, así como de datos oficiales como los que demuestran que más de 28.0000 personas fueron detenidas entre el 18 de octubre y el 6 de diciembre --la mayoría de ellas ya en libertad--.

De las "extensas" denuncias recabadas, los expertos han detectado caso de torturas, malos tatos, violación y otras formas de violencia sexual a manos de los Carabineros o los militares. En concreto, tiene constancia de 113 casos específicos de tortura y malos tratos y 24 de violencia sexual contra mujeres, hombres y adolescentes.

MECANISMO DE SEGUIMIENTO

Bachelet ha abogado por "reconocer y aprender" de lo ocurrido y mirar "de manera constructiva hacia adelante", para lo cual ha recomendado un "mecanismo de seguimiento" para evaluar la puesta en práctica de una serie de reformas. El Alto Comsiionado se ha ofrecido a participar en dicho mecanismo, en el que también espera una "participación activa" de la sociedad civil

"Este mecanismo de seguimiento debería tener como propósito establecer medidas para prevenir que se repitan esos hechos tristes y preocupantes en los que Chile se ha visto sumergido en los últimos dos meses", especialmente en vista de que las protestas, aunque "con menor intensidad", aún persisten, según Bachelet. "Continuamos recibiendo alegaciones de violaciones de Derechos Humanos", ha remachado.

Entre las recomendaciones planteadas por los expertos está el "cese inmediato del uso indiscriminado de escopetas antidisturbios para controlar las manifestaciones", así como la limitación de los gases lacrimógenos a casos en los que sea "estrictamente necesario" y, en ningún caso, dentro de centros educativos o sanitarios.

Asimismo, ha instado al Gobierno a garantizar la rendición de cuentas "con relación a las violaciones de los Derechos Humanos" y a "reconocer" estos abusos, habida cuenta de que algunos de ellos, especialmente "el uso inadecuado de armas menos letales y casos de malos tratos", son "recurrentes en el tiempo y en el espacio" por parte de los Carabineros.

El informe recuerda que varios tribunales han restringido en diversos fallos recientes el uso de escopetas antidisturbios en manifestaciones pacíficas y el uso de gases lacrimógenos en ciertas instalaciones y reconoce que hay también sentencias "para proteger a las personas que ejercían su derecho a la asamblea pacífica".

La misión ha reconocido, además, que aunque la mayoría de los manifestantes han ejercido su derecho de forma pacífica, también ha habido "numerosos ataques contra fuerzas de seguridad y sus instalaciones". "También hubo saqueos y destrucción de propiedad tanto durante como fuera de las manifestaciones", ha aseverado.