La ONU acusa a Australia de tratar a los inmigrantes y refugiados como "criminales"

GINEBRA, 9 Nov. (Reuters/EP) -

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha acusado a Australia de tratar a los inmigrantes y a los solicitantes de asilo como "criminales" y ha reprochado a la nación oceánica que ignore una y otra vez los llamamientos de este órgano para que enmiende su política migratoria.

El Comité ha presentado este jueves su informe sobre el cumplimiento por parte de Australia del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el que ha vuelto a criticar la política de Canberra de enviar a los inmigrantes y solicitantes de asilo que tratan de llegar a sus costas a centros de detención en las islas de Nauru y Papúa Nueva Guinea.

La ONU ha denunciado en numerosas ocasiones las precarias condiciones en estos centros y el año pasado logró mediar un acuerdo para que el ubicado en Manus, Papúa Nueva Guinea, fuera cerrado y quienes sean reconocidos como refugiados puedan ser realojados en Estados Unidos.

El pasado 31 de octubre se hizo efectiva esta clausura pero la nueva Administración de Donald Trump ha paralizado el acuerdo, firmado por su antecesor, Barack Obama. Unos 600 solicitantes de asilo se niegan a abandonar el centro por miedo a represalias. Naciones Unidas ha advertido de que hay "una crisis humanitaria en ciernes".

"Estamos de acuerdo en que Australia tiene derecho a adoptar una política dura, pero lo que no puede hacer es tratar a los solicitantes de asilo como criminales y detenerlos. No pueden eximirse de la obligación de no enviarlos de nuevo hacia el peligro" del que han escapado, ha dicho el vicepresidente del Comité, Yuval Shany.

Shany ha reiterado que resulta excepcional encontrarse con este tipo de situaciones en un país desarrollado que presume de respetar y proteger los Derechos Humanos, como Australia.

Por su parte, el ministro de Inmigración, Peter Dutton, ha declarado horas antes a la emisora australiana 2GB que el Gobierno no dará marcha atrás en su política migratoria, respaldada tanto por conservadores como laboristas con el argumento de que disuade a las mafias de tráfico de personas.