La ONU acusa a Ecuador de cerrar "sistemáticamente" ONG cuando se vuelven críticas

NUEVA YORK 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de expertos de la ONU ha acusado al Gobierno de cerrar "sistemáticamente" organizaciones civiles cuando se vuelven demasiado críticas, en respuesta a la reciente orden de clausura contra la ONG acción ecológica en pleno conflicto con las comunidades indígenas.

"El Gobierno de Ecuador parece estar disolviendo organizaciones sistemáticamente cuando desafían la ortodoxia del Gobierno", han dicho seis relatores especiales de Naciones Unidas, vinculados al Consejo de Derechos Humanos, en un comunicado.

Los investigadores han reaccionado a la decisión adoptada el pasado 20 de diciembre por el Gabinete de Rafael Correa para cerrar Acción Ecológica, dos días después de que la ONG pidiera una comisión de la verdad sobre los ataques a los pueblos indígenas y sus derechos.

El Ministerio de Medio Ambiente ordenó la disolución de Acción Ecológica en medio de las protestas impulsadas por la comunidad shuar para suspender la actividad minera en lo que consideran su territorio ancestral, apoyadas por esta ONG.

Los relatores especiales han urgido a las autoridades ecuatorianas a "revertir la decisión", "la última de una serie de acciones que violan los estándares internacionales de Derechos Humanos, incluido el ejercicio de la libertad de asociación".

La organización internacional ha documentos que en los últimos tres años el Ejecutivo ecuatoriano ha disuelto las asociaciones civiles Pachamama y Unión Nacional de Educadores y ha intentado hacer lo mismo con la ONG Fundamedios.

Esta "estrategia de asfixiar a la sociedad civil se ha implementado a través de dos decretos --el 16 y el 739--, que dan a las autoridades poderes para disolver unilateralmente cualquier tipo de organización", ha explicado.

Los expertos han alertado de que "las consecuencias directas son el progresivo silencio de cualquier grupo que desafíe y ofrezca ideas alternativas al Gobierno y, por tanto, reducir la visibilidad de la situación de vulnerabilidad y marginalidad" de colectivos sociales.

"Resulta irónico que el mismo Gobierno que ha liderado un positivo esfuerzo internacional para conseguir que las empresas tengan que rendir cuentas por los tratados vinculantes reduzca al mismo tiempo el espacio para rendir cuentas a petición de los grupos locales", han planteado.