La ONU acusa al Gobierno sursudanés de tratar de sacar rédito económico de la hambruna

Una comisión de investigación alerta de la "impunidad" en Sudán del Sur y llama a perseguir las "atrocidades"

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que ha analizado las "atrocidades" cometidas en estos últimos años en Sudán del Sur ha denunciado que el Gobierno de Sudán del Sur ha multiplicado por cien el coste de los permisos de trabajo para extranjeros tras la declaración de la hambruna en dos condados del estado de Unidad.

La responsable de la comisión, Yasmin Sooka, ha presentado este martes en Ginebra un informe en el que repasa "una de las peores guerras de África", en la que "las detenciones ilegales, la tortura, la violación y el asesinato se han convertido en norma".

"La extensión y el nivel de violencia sexual en Sudán del Sur es tan horrible que las consecuencias de no hacer nada son impensables", ha agregado Sooka, al frente de un grupo que también integran Godfrey Musilla y Ken Scott.

Sudán del Sur ha sumado este año a su lista de "dudosas distinciones" la de haberse convertido en el cuarto país en declarar la hambruna en lo que va de siglo, en concreto en dos condados del estado de Unidad. "Millones" de personas viven amenazadas por una hambruna que amenaza con "empeorar".

"Las predicciones recogen que la situación sólo puede ir a peor y alrededor de 5,5 millones de personas llegarán a niveles críticos de inseguridad alimentaria en abril, cuando comiencen las fuertes lluvias", ha añadido la investigadora. Actualmente, hay ya "un cuarto de millón de niños malnutridos".

Sooka ha recordado que la hambruna se debe "directamente" a causas provocadas por el hombre, como el "conflicto" y la "inseguridad" que han generado los combates entre las fuerzas del Gobierno de Salva Kiir y los combatientes leales al exvicepresidente Riek Machar.

El informe de la comisión de la ONU reparte las culpas entre los grupos opositores y el Gobierno, si bien incide especialmente en este segundo actor y le acusa, entre otros abusos, de "negar el acceso humanitario a zonas controladas por la oposición y afectadas por la hambruna".

También considera "inaceptable" que las autoridades hayan elevado de 100 a 10.000 dólares los costes de los permisos de trabajo para extranjeros "justo después" de la declaración de la hambruna, lo que suma un nuevo obstáculo para el acceso de las organizaciones internacionales de ayuda.

Sudán del Sur es, además, "la tercera mayor crisis del mundo" en materia de refugiados. "Casi dos millones de personas son desplazados internos y más de 1,5 millones han huido a los países vecinos", entre ellos alrededor de 120.000 que han cruzado hacia Uganda en los primeros dos meses de 2017.

IMPUNIDAD

"En los últimos nueve meses, ha habido un masivo incremento de las violaciones graves de Derechos Humanos, así como una escalada de los enfrentamientos en la mayoría del país". Todo ello "ha contribuido "al empeoramiento de la situación humanitaria", ha lamentado Sooka.

El acuerdo de paz firmado por Kiir y Machar contemplaba no sólo la resolución política del conflicto, sino también la aplicación de una serie de "mecanismos de rendición de cuentas" que, de momento, no se aplica. Sooka ha reclamado que "figuras independientes y creíbles" examinen los crímenes cometidos y señalen a sus responsables.

"En un país donde la impunidad es la norma, el simple conocimiento de que se esté recabando información creíble puede actuar como disuasión, pero sólo si somos capaces de promover la instauración inmediata de un tribunal y de procesamientos", según la investigadora. En su opinión, la inacción equivale a una "política de concesiones" e implica dejar a la comunidad internacional como "cómplice".

Sooka ha vinculado "directamente" la actual impunidad con "el deterioro de la situación de Derechos Humanos" y ha lamentado que los supuestos responsables de graves abusos "aún ocupen altos cargos políticos y militares".

LIMPIEZA ÉTNICA

Al menos siete altos cargos han dimitido en los últimos meses del Gobierno o las Fuerzas Armadas, entre ellos uno que aludió en su carta de dimisión a la "limpieza étnica" llevada a cabo a las autoridades. El informe abunda en esta tesis, toda vez que considera que la población civil está siendo atacada de forma "deliberada y sistemática" por razones de etnia.

Kiir y Machar pertenecen a dos grupos étnicos distintos, por lo que la vinculación a una determinada comunidad lleva implícita también la sospecha de alineación política. "No se cumple el principio de distinción, se trata a los ciudadanos como enemigos de combate por su supuesta vinculación política a la parte contraria, basada en la etnia", ha lamentado Sooka.