La ONU advierte de que ataques de las ADF en el este de RDC podrían constituir crímenes contra la Humanidad

Un militar con un fusil en la mano en República Democrática del Congo
Un militar con un fusil en la mano en República Democrática del Congo - 2006 GETTY IMAGES / SPENCER PLATT - Archivo
Publicado: lunes, 6 julio 2020 17:18

Una investigación concluye que ha habido más de 1.000 muertos a manos de este grupo armado desde 2019

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los ataques y abusos cometidos por el grupo armado Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) en el este de República Democrática del Congo (RDC), que han dejado al menos 1.000 muertos y decenas de heridos en los últimos 18 meses, podrían constituir crímenes de guerra y contra la Humanidad, según las conclusiones de la investigación realizada por la ONU.

Las ADF llevan actuando militarmente desde hace tres décadas en el territorio de Beni, en Kivu Norte, pero a raíz de las campañas del Ejército congoleño en su contra, en particular desde octubre de 2019, sus combatientes se han dispersado en pequeños grupos y huido hacia otras zonas, en particular el territorio de Irumu, en la vecina Ituri, donde el número y la intensidad de sus ataques han aumentado, según la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de la ONU en RDC (UNJHRO).

En su investigación, ha podido documentar cómo los abusos cometidos por los combatientes de las ADF son sistemáticos y brutales, para lo cual han empleado armamento pesado, incluidos fusiles AK47 y también moteros, así como machetes y cuchillos. Con frecuencia también han quemado aldeas enteras y destruido centros de salud y escuelas, además de secuestrar y reclutar a hombres, mujeres y niños.

Según subraya el informe, "en la mayoría de los casos los medios y el 'modus operandi' de los ataques indica una clara intención de no dejar supervivientes", con casos de "familias enteras asesinadas a hachazos". Dado la naturaleza generalizada y sistemática de los ataques contra la población civil, algunos de estos abusos podrían constituir crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra.

En total, según la investigación de la UNJHRO, entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2020, al menos 1.066 civiles han sido asesinados, 176 han resultado heridos y otros 717 han sido secuestrados por las ADF en Kivu Norte e Ituri. Además, 59 niños fueron reclutados. Estos actos violentos provocaron un desplazamiento masivo de población, sobre todo entre septiembre pasado y junio.

ABUSOS DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

Por otra parte, la investigación también acusa a las fuerzas de seguridad congoleña de haber cometido violaciones graves de los Derechos Humanos, en particular desde el lanzamiento de su ofensiva contra las ADF el 30 de octubre. Así, en los últimos ocho meses los efectivos del Ejército y la Policía, han estado detrás del asesinato de catorce civiles y de herir a otros 49, así como del arresto arbitrario de 297 civiles. Estos abusos han reforzado la desconfianza de la población hacia las fuerzas de seguridad.

Así, dado que desde 2019 hay unos 400 combatientes de las ADF a la espera de juicio, la jefa de la Misión de la ONU en el país (MONUSCO), Leila Zerrougui, ha pedido a las autoridades que "incrementen sus esfuerzos para completar las causas judiciales pendientes sobre todas las alegaciones de violaciones y abusos de los Derechos Humanos".

Igualmente, ha reclamado que se lleve ante la justicia a quienes están detrás de estos abusos y que "se garantice el derecho a la verdad, la justicia y las reparaciones para las víctimas y sus familias". Además, ha añadido, "las autoridades deberían establecer programas de implicación comunitaria para mejorar las relaciones entre el Ejército y la Policía y los civiles a los que deben proteger".

Por último, el informe reclama el establecimiento de programas de desarme, desmovilización y reinserción creíbles y fiables para animar a los combatientes a deponer las armas y volver a la vida civil y para que los combatientes extranjeros regresen a sus países de origen. Estos esfuerzos deberían estar acompañados por un proceso de justicia transicional integral, para evitar el resurgir de la violencia y forjar una paz duradera en la región, remacha el comunicado.

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