La ONU alerta de que una de cuatro personas se verá afectada en 2023 por las crisis que afectan a RDC

El CICR advierte del "desastre humano" por los combates en el este entre el Ejército y los rebeldes del M23

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de una cuarta parte de la población de República Democrática del Congo (RDC), lo que suponen 26,4 millones de personas, podría necesitar ayuda humanitaria en 2023 ante el ahondamiento de las numerosas crisis que sacuden el país africano, según ha indicado la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

El organismo ha indicado que millones de congoleños, en su mayoría residentes en el este del país, seguirán el año que viene afectados por la inseguridad alimentaria, el desplazamiento forzado, la desnutrición y las epidemias, lo que provoca que pierdan sus medios de subsistencia.

Cerca de 4,9 millones de personas han recibido ayuda alimentaria durante los once primeros meses del año, mientras que 1,7 millones de personas en situación de desnutrición, entre ellas miles de niños, han recibido apoyo nutricional.

"Las ONG nacionales e internacionales y las agencias de la ONU trabajan arduamente para dar a los más vulnerables agua, medicamentos, alimentos, servicios higiénicos y protección para que puedan vivir dignamente", ha declarado el coordinador humanitario de Naciones Unidas para RDC, Bruno Lemarquis.

"Debemos también comprometernos, en cuanto haya oportunidad, en la búsqueda de soluciones duraderas, a trabajar con actores de desarrollo y paz. Es primordial que los esfuerzos se conjuguen en el plano nacional e internacional para evitar conflictos y lograr el retorno de la paz, que es el mayor deseo de las poblaciones afectadas para dar la mejor respuesta a la crisis humanitaria a la que hacen frente", ha zanjado.

Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha alertado del "desastre humano" provocado por el reinicio de los combates en octubre entre el Ejército congoleño y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en la provincia de Kivu Norte (este).

"He vuelto de Nyiragongo indignada por el desastre humano que han causado estos meses de conflicto. De nuevo son los civiles los que pagan el precio", ha dicho la jefa de la delegación del organismo en RDC, Rachel Bernhard. "Estas comunidades han sido desarraigadas de su tierra, que es su único medio de subsistencia. Necesitan poder volver con urgencia para empezar a cultivar de nuevo", ha explicado.

El territorio de Nyiragongo acoge en la actualidad más de 177.400 desplazados, según datos de la ONU. La mayoría se han refugiado en las aldeas de Kibati y Kanyaruchinya, situadas a 50 kilómetros de Rutshuru, epicentro de los enfrentamientos.

Francine Twizeye, de 33 años, explica que tiene nueve hijos a los que alimentar y lamenta que "tiene que enviarlos a mendigar en el mercado y en las carreteras". "Es difícil que obtenga comida suficiente", dice. En esta línea, Joséphine Habakurama, de 32 años, sostiene que "cuando no hay suficiente comida, damos nuestra parte a los niños".

Sifa Rehama, madre de siete hijos, vive en una cabaña de dos metros cuadrados cubierta con un plástico. "He cubierto mi casa con plástico. Cuando eres un desplazado no hay elección. Hay que salir adelante con lo que hay", afirma. "Mi esposo, mis tres hijos pequeños y yo dormimos aquí. Los tres mayores tienen que cuidarse por sí mismos y duermen con vecinos en otro campamento", añade.

El CICR ha indicado además que, si bien la ayuda llega generalmente sin restricciones a Nyiragongo, en Lubero, donde hay 98.000 desplazados, las agencias humanitarias están sufriendo dificultades para realizar sus trabajos debido a los enfrentamientos y la falta de garantías de seguridad.

La ONU calcula que más de 280.000 personas han huido de sus hogares desde el estallido de los enfrentamientos en marzo de 2022, si bien la jefa de la subdelegación del CICR en Kivu Norte, Anne-Sylvie Linder, ha apuntado que "el número de desplazados aumenta a diario".

"Si los combates no se detienen, vamos a hacer frente a una crisis humanitaria que será difícil de controlar. Recordamos de nuevo a todas las partes en conflicto su obligación bajo el Derecho Humanitario de proteger a los civiles y sus propiedades", ha remachado.