MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al Nashif, ha afirmado este lunes que en Nicaragua impera un "clima represivo" ante las últimas reformas constitucionales impulsadas por el presidente Daniel Ortega, que han generado "miedo" entre los nicaragüenses, incluyendo aquellos que están exiliados.
"La situación de los Derechos Humanos en Nicaragua ha seguido deteriorándose. Impera un grave clima represivo. En los últimos meses, las reformas han tenido como objetivo concentrar más poder en la Presidencia y criminalizar las voces disidentes", ha señalado durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos.
Las recientes leyes impulsadas por el Gobierno de Daniel Ortega allanan el camino "para una mayor persecución" de los disidentes por "motivos políticos" y "erosionarán aún más el Estado de Derecho", ya que disposiciones clave permitirán la interferencia del Ejecutivo en los poderes legislativo, judicial, así como electoral.
"Es probable que disposiciones ambiguas restrinjan indebidamente los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica. La eliminación del reconocimiento explícito de la prohibición de la tortura es particularmente atroz", ha sentenciado Al Nashif.
De igual forma, ha explicado que los cambios propuestos en Nicaragua "buscan ampliar y fortalecer los poderes del Gobierno para despojar a las personas de ciudadanía y confiscar activos", algo que ya es "una herramienta ampliamente utilizada de represión arbitraria contra críticos y disidentes".
Al Nashif ha indicado además que desde febrero de 2023, al menos 546 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad, muchos de ellos convirtiéndose en apátridas. "Han sido expulsados y abandonados en condiciones precarias en el extranjero", ha agregado.
En este sentido, ha resaltado que muchos otros tienen problemas debido a que el Gobierno se niega a renovar sus pasaportes o expedir documentación en el extranjero, lo que "borra su identidad legal y les impide tener conexiones con su tierra natal".
Por otro lado, ha asegurado que siguen produciéndose detenciones arbitrarias de opositores, líderes indígenas y defensores de Derechos Humanos, así como importantes figuras religiosas. "76 personas permanecen detenidas arbitrariamente en Nicaragua, incluidos al menos 20 miembros de comunidades indígenas", ha apuntado.
La enmienda a la Constitución impulsada por Ortega amplía el mandato presidencial de cinco a seis años y elimina la prohibición sobre la censura de la prensa en la Carta Magna. Asimismo, establece que todos los derechos fundamentales pueden suspenderse durante un estado de emergencia y rebaja las condiciones para que el Gobierno pueda utilizar al Ejército por motivos de "seguridad".
El texto, que tiene un lenguaje "vago", elimina la referencia explícita al pluralismo político en la Constitución nicaragüense. Para un grupo de expertos de Naciones Unidas la ley busca "la disolución 'de facto' de la separación" y la "independencia" de los distintos poderes del Estado.