La ONU añade la violencia sobre mujeres y niñas como prueba de la "intención genocida" contra los rohingyas

NUEVA YORK, 22 Ago. (Reuters/EP) -

Investigadores de Naciones Unidas han concluido que la violencia contra mujeres y niñas fue una muestra más de la "intención genocida" con la que actuaron las Fuerzas Armadas de Birmania (Tatmadaw) durante la campaña represiva lanzada en agosto de 2017 contra la minoría rohingya en el estado de Rajine, fruto de la cual más de 700.000 personas huyeron al vecino Bangladesh.

El equipo de expertos conformado en 2017 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya determinó en agosto de 2018 esta intención genocida atendiendo, entre otras razones, al lenguaje utilizado por las autoridades, la existencia de planes y políticas discriminatorias y de destrucción y la brutalidad de la campaña militar.

"La misión ahora concluye que hay indicios razonables para asumir que la violencia sexual perpetrada contra las mujeres y las niñas y que comenzó el 25 de agosto de 2017 es un nuevo factor que indica la intención genocida del Tatmadaw para destruir a la población rohingya", señala el informe publicado este jueves.

Los expertos han basado estas conclusiones en "los asesinatos extendidos y sistemáticos de mujeres y niñas, la selección de mujeres y niñas en edad reproductiva para ser violadas, los ataques contra embarazadas y bebés, la mutilación y otras heridas en órganos reproductivos, el señalamiento físico de sus cuerpos con mordiscos en mejillas, cuello, pecho y muslos".

Los investigadores, que no han podido entrar en Birmania pero sí han entrevistado a refugiados en países vecinos, han determinado que "cientos" de mujeres y niñas fueron violadas durante la represión. El 80 por ciento de los abusos corresponderían a violaciones en grupo, de las cuales un 82 por ciento fueron perpetradas por militares.

SIN DEPURAR RESPONSABILIDADES

El Gobierno birmano, liderado 'de facto' por Aung San Suu Kyi, ha rechazado las críticas internacionales y no ha depurado responsabilidades por las violaciones de Derechos Humanos registradas en Rajine, a pesar de que, como han recordado los investigadores, la Convención sobre el Genocidio le obliga a tomar medidas.

Los expertos han lamentado que en estos dos últimos años ningún comandante militar ha sido juzgado por los posibles delitos cometidos y los dos principales mandos de las Fuerzas Armadas siguen en sus puestos, a pesar de que podrían ser acusados de "crímenes de guerra, crímenes contra la Humanidad y genocidio" con las pruebas que hay ya sobre la mesa.

Estos investigadores han elaborado una lista confidencial de sospechosos que entregarán a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y a otro grupo de Naciones Unidas que tiene como objetivo recabar y preservar las pruebas de cara a posibles juicios.