La ONU confía en que el último informe sobre la represión de 2019 en Bolivia sirva para reparar a las víctimas

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Humanos ha anunciado este jueves que ha recibido "con beneplácito" el reciente informe elaborado por un grupo de expertos independientes sobre la represión policial durante el gobierno de Jeanine Áñez en la crisis política de finales de 2019 en Bolivia y espera que sirva para "garantizar la justicia y la reparación integral de las víctimas".

"Acogemos con beneplácito el informe de esta semana del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que concluyó que se produjeron graves violaciones de Derechos Humanos, incluidas torturas, ejecuciones sumarias y violencia sexual", señala Liz Throssell, portavoz de esta oficina de la ONU.

El informe de GIEI presentado esta semana califica de "masacres" las operaciones policiales y militares ordenadas por el gobierno boliviano de Jeanine Áñez para reprimir las protestas en Senkata y Sacaba en noviembre de 2019, que dejaron una veintena de fallecidos y unos 200 heridos.

Throssell remarca que las conclusiones del informe de estos expertos concluyen que la violencia policial y militar "tuvo un carácter racial y anti-indígena". Las fuerzas de seguridad, apunta, aplicaron un uso "excesivo y desproporcionado" sin prever las consecuencias que tendrían sus actos.

La portavoz confía en que este estudio sirva para abrir las investigaciones independientes que corresponda, así como para "establecer la verdad, garantizar la justicia y la reparación integral de las víctimas y sus familias, y prevenir nuevas violaciones de Derechos Humanos en Bolivia".

A su vez considera de "vital" importancia que la documentación recabada para elaborar esta "rigurosa" investigación, "sea utilizada de manera constructiva e imparcial, para promover el diálogo entre el pueblo boliviano y reducir la polarización y las tensiones políticas existentes".

Throssell también ha aplaudido "el compromiso" del presidente de Bolivia, Luis Arce, uno de los impulsores junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de este informe, al tiempo que exhorta a las autoridades "a establecer de inmediato" un mecanismo que garantice que las recomendaciones del estudio "se traduzcan en pasos concretos, tanto en el mediano como en el largo plazo".