Bachelet pide "reformas estructurales" para evitar la repetición de crisis políticas como la actual
MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha publicado este lunes un informe en el que se documentan asesinatos, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias cometidas entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre en medio de la crisis política desatada en Bolivia tras las elecciones de octubre de 2019. El documento se basa en más de 150 entrevistas con víctimas, testigos, representantes de la sociedad civil y autoridades.
Unas 30 personas murieron durante las protestas entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre y al menos 20 de estas muertes ocurrieron durante operaciones de la policía y las fuerzas armadas, señala la ONU.
Varios testimonios apuntan a que las fuerzas de seguridad recurrieron al uso innecesario o excesivo de la fuerza contra los manifestantes y utilizaron armas para dispersar a la multitud. El Gobierno ha negado que las fuerzas de seguridad hayan utilizado armas de fuego contra los manifestantes.
Entre los incidentes más graves se encuentran el asesinato de nueve personas durante las manifestaciones en Sacaba (Cochabamba) y de 10 manifestantes en Senkata (El Alto-La Paz).
"Me preocupa profundamente que, nueve meses después, aún no ha habido rendición de cuentas por las muertes en Sacaba y Senkata, ni para la mayoría de las muertes ocurridas en el período cubierto por nuestro informe", ha apuntado la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet.
"Las investigaciones independientes, imparciales, transparentes y exhaustivas arrojarán luz sobre lo sucedido, abriendo la puerta a la verdad, la justicia y las reparaciones integrales. Esto es esencial no sólo para curar las heridas de las víctimas, sino también las de la sociedad", ha añadido.
Otras violaciones documentadas por el informe incluyen la detención arbitraria de 28 personas en El Alto (La Paz) el 11 de noviembre de 2019, quienes fueron sometidas a tortura y otras formas de malos tratos por parte de la policía.
Durante el período analizado, se observó a funcionarios públicos y particulares haciendo uso de un lenguaje violento e incendiario, así como violencia verbal y física dirigida contra pueblos indígenas, "lo que refleja un racismo profundamente arraigado".
Hubo 94 casos en los que se agredió a periodistas, y personas que trabajaban en la Defensoría del Pueblo de Bolivia sufrieron amenazas y ataques. "Todos estos incidentes deben ser investigados", ha subrayado la ONU.
Otro motivo de preocupación destacado en el informe es la forma en que funcionarios o personas vinculadas al anterior Gobierno fueron objeto de supuesta persecución judicial, "lo que pone de relieve las deficiencias de larga data del sistema judicial boliviano y de ahí la necesidad e importancia de garantizar el debido proceso".
"REFORMAS ESTRUCTURALES"
Bachelet ha manifestado su satisfacción el reciente acuerdo para la celebración de elecciones generales en Bolivia el 18 de octubre, pero ha emplazado a impulsar cambios políticos "estructurales" para evitar que se repita la crisis política actual.
"Nuestras recomendaciones también tienen como objetivo ayudar al Estado Plurinacional de Bolivia a emprender cambios y reformas estructurales para abordar las causas profundas de las crisis que se han desencadenado en el país", ha afirmado Bachelet en un comunicado.
En particular, Bachelet ha mencionado "la garantía de la rendición de cuentas por las violaciones y el fortalecimiento de las instituciones del país en beneficio de todos los bolivianos".
La Alta Comisionada ha destacado la "resolución pacífica" lograda para levantar los bloqueos de las organizaciones que exigían la celebración de los comicios, que las autoridades autoproclamadas tras la dimisión del presidente Evo Morales el 10 de noviembre pretendían aplazar.
"Bolivia necesita superar la polarización que ha marcado al país durante tanto tiempo y avanzar hacia una sociedad basada en el diálogo, donde todos sean integrados y reconocidos", ha subrayado Bachelet.