La ONU denuncia que los militares birmanos han degollado, asesinado, violado y quemado vivos a los rohingyas

GINEBRA, 13 Mar. (Reuters/EP) -

La relatora especial de la ONU para Birmania, Yanghee Lee, ha comparecido este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para denunciar la campaña sistemática de persecución de la minoría musulmana rohingya a manos de las fuerzas militares birmanas con la intención de acabar con esta minoría incluso mediante la vía burocrática. Cientos, si no miles, de rohingyas podrían haber muerto en los últimos meses a manos de las fuerzas de seguridad birmanas.

"He escuchado de hechos horribles como degollaciones, tiroteos indiscriminados, incendios de casas con personas atadas en el interior, lanzamiento de niños muy pequeños a las llamas o violaciones en grupo y otras clases de violencia sexual", ha explicado Lee.

Las fuerzas militares birmanas anunciaron a mediados de febrero el final de una operación de seguridad en el estado de Rajine, habitado por los rohingyas, y tanto Naciones Unidas como diferentes ONG han denunciado que se podrían haber perpetrado crímenes contra la Humanidad y limpieza étnica.

Lee ha explicado que la vida cotidiana de los rohingyas sigue siendo muy difícil debido a la destrucción de sus hogares y a la elaboración de un censo con criterios cuestionables. "Realizar un censo en el que si estás ausente pueden sacarte de la lista que supone la única prueba legal de su residencia en Birmania indica que el Gobierno podría estar intentando expulsar a la población rohingya del país de una sola vez. Sinceramente espero que ese no sea el caso", ha apuntado la relatora.

La ofensiva militar comenzó tras la muerte el 9 de octubre de nueve policías en un ataque de individuos armados. Unos 75.000 rohingyas han huido desde entonces a Bangladesh donde, según Lee se escucha "relato desgarrador tras relato desgarrador".

La relatora visitó dos veces Birmania durante 2016 y también estuvo en el estado de Rajine, pero en el último momento le impidieron entrar en el estado de Kachin, otra zona de violencia étnica. "Debo confesar que hay momentos en los que me cuestioné seriamente la naturaleza de la cooperación", ha revelado.

BIRMANIA NIEGA QUE SEAN CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD

Sin embargo, el embajador birmano ante el Consejo de Derechos Humanos, Htin Lynn, ha asegurado que las acusaciones de crímenes contra la Humanidad no están verificadas y ha advertido de que es un discurso sesgado. Además, Lynn ha destacado que las operaciones en Rajine acabaron y el toque de queda ha sido flexibilizado recientemente.

"La situación en el estado de Rajine es de una naturaleza muy compleja y por consiguiente requiere de respuestas complejas. También requiere una mayor comprensión de la comunidad internacional", ha argumentado.

Así, ha explicado que los problemas relacionados con Derechos Humanos no se pueden resolver en un año, en referencia al tiempo que lleva Aung San Suu Kyi al frente del Gobierno de Birmania. Como ejemplo, ha mencionado que el número de presos políticos se ha duplicado hasta los 170 en ese mismo periodo.

El el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Raad al Husein, ha defendido la creación de una comisión de investigación de la ONU así como una investigación del Tribunal Penal Internacional para esclarecer lo ocurrido con los rohingyas.

En cualquier caso, es difícil que estas iniciativas salgan adelante porque el borrador de resolución del Consejo de Derechos Humanos redactado por la UE restringe cualquier investigación a la iniciativa de las autoridades birmanas.

LA MINORÍA MÁS PERSEGUIDA

La rohingya es una de las minorías más perseguidas del mundo. Desde 1978, los rohingyas han ido llegando a Bangladesh en varias oleadas, huyendo de la represión en su Birmania natal.

Según el departamento de la Comisaría de Repatriación de Refugiados Rohingyas (CRRR), cerca de 250.000 rohingya entraron en Bangladesh en 1978 huyendo de la Operación Dragón llevada a cabo por el Gobierno birmano, una operación cuyo objetivo era evaluar la situación de los habitantes en zonas fronterizas y tomar medidas contra los extranjeros que habían entrado de forma ilegal en el país.

Esta operación acabó con la expulsión y detención masiva de rohingyas, a los que no se consideraba ciudadanos. Entre 1991 y 1992 la ola fue similar: otros 250.000 musulmanes entraron a Bangladesh a través de las fronteras de Cox's Bazar y Bandarban, donde el Gobierno levantó 21 campamentos temporales para ellos.