MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Investigación Independiente de la ONU en Burundi (UNIIB) ha denunciado este martes la violación sistemática de Derechos Humanos en el país africano y ha asegurado que la organización ha verificado 564 ejecuciones de opositores desde que el presidente, Pierre Nkurunziza, anunció en 2015 que se iba a presentar a un tercer mandato.
El presidente Nkurunziza anunció en abril de 2015 su intención de presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales, una decisión que ha provocado enfrentamientos violentos en el país. La oposición ha señaló que un nuevo mandato vulneraba la Carta Magna, que establece un límite de dos mandatos de cinco años cada uno.
La investigación liderada por la ONU ha publicado un informe en el que se asegura que en el país se muestran patrones de que se están cometiendo violaciones de Derechos Humanos que podrían ascender a crímenes de lesa humanidad y ha instado al Gobierno, la Unión Africana, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y al Consejo de Seguridad a actuar al respecto.
Se han registrado hasta 17 formas diferentes de tortura, entre las que se incluye atar pesos a los testículos de las víctimas, romperles los dedos de pies y manos con alicates, quemaduras con sopletes e incluso forzar a las víctimas a sentarse en ácido, cristales rotos o clavos.
Según la ONU, la mayoría de los abusos y las ejecuciones han sido llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad y por la rama juvenil del partido en el Gobierno contra aquellos que se oponen al tercer mandato de Nkurunziza.
"A la vista de la ineficacia de las instituciones del Gobierno, se debería considerar llevar a cabo un proceso judicial internacional independiente para esclarecer si se están cometiendo crímenes internacionales", se ha asegurado en el informe.
Además, la investigación ha pedido que se cree una Comisión de Investigación interna, que se reconsidere la membresía de Burundi en el Consejo de Derechos Humanos y que el Consejo de Seguridad apruebe el despliegue de Policía de la ONU en el país.
El Consejo de Seguridad ya autorizó a finales de julio un despliegue de 228 agentes en el país pero el Gobierno rechazó la medida. Para que las resoluciones se lleven a cabo tienen que ser aprobadas por el país donde se quieren aplicar las medidas.
La comisión de investigación ha asegurado que entregará al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos una lista de posibles sospechosos de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Además, ha advertido de que existen "indicios preocupantes" de que se está desarrollando un peligroso culto a la personalidad de Nkuruzniza.