La ONU expresa su preocupación por "la falta de independencia" judicial en Venezuela

Bachelet también denuncia los abusos en el Arco Minero del Orinoco a manos de grupos criminales

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha expresado su preocupación por "la falta de independencia" judicial en Venezuela por la "interferencia política", entre otras cosas, especialmente en lo tocante a las resoluciones sobre la Asamblea Nacional, según un informe presentado este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

"La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sigue preocupada por la falta de independencia que padece el sistema de justicia en la República Bolivariana de Venezuela", reza el informe.

Para la oficina de Bachelet, "la independencia del sistema de justicia se ha visto socavada considerablemente por la inseguridad en el ejercicio de jueces y fiscales; la falta de transparencia en el proceso de su designación; las condiciones de trabajo precarias; y la interferencia política".

En concreto, ha querido destacar que "las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en relación a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, han dado lugar constantemente a preocupaciones sobre las consideraciones políticas que prevalecen sobre las determinaciones legales".

Desde que la oposición ganó el Parlamento en los comicios de 2015, el Supremo ha declarado en "desacato" a la sede legislativa, ha retirado la inmunidad y acusado a decenas de diputados por cargos que van desde la conspiración a la corrupción y ha desconocido a la actual cúpula, encabezada por Juan Guaidó.

En opinión de la ONU, "esta situación ha afectado gravemente la capacidad del Poder Judicial de actuar de forma independiente para proteger los Derechos Humanos y está contribuyendo a la impunidad".

A este respecto, ha indicado que, "a pesar de los recientes esfuerzos realizados por el Ministerio Público de investigar las violaciones de Derechos Humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, la falta de determinación de responsabilidad es especialmente significativa en casos de asesinatos en el contexto de protestas y durante operaciones de seguridad, así como en denuncias de tortura y malos tratos y violencia de género".

Así las cosas, ha denunciado que "las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos y abusos continúan enfrentando barreras legales, políticas y socioeconómicas persistentes para acceder a la justicia, y las mujeres enfrentan desafíos específicos de género".

Bachelet ha hecho un llamamiento al Gobierno de Nicolás Maduro para que "emprenda y complete las reformas anunciadas al sistema de justicia para garantizar su independencia e imparcialidad, detener el uso de la justicia militar para juzgar a los civiles y cumplir con su obligación de investigar cualquier denuncia de tortura y malos tratos".

"También instó a que se detengan de inmediato todos los actos de intimidación, amenazas y represalias de los miembros de las fuerzas de seguridad contra familiares de víctimas de violaciones de los Derechos Humanos que buscan justicia", ha reclamado, según un comunicado de su oficina.

La ex presidenta chilena ha recordado que "las víctimas y sus familiares tienen el derecho a saber la verdad y obtener justicia y reparaciones, y a no ser acosadas y revictimizadas por aquellos cuyo trabajo debería ser protegerlos".

EL ARCO MINERO, REGIÓN DE ABUSOS

Por otro lado, la Alta Comisionada ha expresado su preocupación por los graves abusos cometidos en el Arco Minero del Orinoco por parte de las organizaciones criminales que lo controlan, lo cual constituye el segundo eje del informe.

La jefa de Derechos Humanos de la ONU ha llamado la atención sobre "cómo los grupos criminales, conocidos localmente como 'sindicatos', ejercen el control sobre una gran cantidad de operaciones mineras" en el Orinoco.

"Deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección", señala el documento.

La ONU ha explicado que estas mafias se nutren de la mano de obra informal que en los últimos años se ha multiplicado en el Orinoco debido a la crisis de Venezuela, que ha empujado a muchos trabajadores a esta región minera en busca de sustento para ellos y sus familias.

Estas personas "están atrapadas en un contexto generalizado de explotación laboral" y altos niveles de violencia por parte de los grupos criminales que controlan las minas", ha sostenido la oficina de Bachelet.

Así, trabajan turnos de doce horas, llegando a bajar a pozos profundos sin ninguna protección, y "se les exige que paguen entre el 10 y el 20 por ciento de lo que obtienen a los grupos criminales que controlan las minas y entre un 15 y un 30 por ciento adicional al propietario del molino donde se trituran las rocas para extraer el oro y otros minerales".

Las mujeres, por su parte, "también están involucradas tanto en la minería como en otros trabajos relacionados". Desde 2016, ha habido "un fuerte aumento de la prostitución, la explotación sexual y el tráfico en las áreas mineras, incluso de adolescentes".

Aquellos que no cumplen las reglas fijadas por los 'sindicatos' se enfrentan a "castigos severos", tales como palizas, un tiro en la mano o cortarla directamente y hasta asesinatos. En este último caso, ha contado la ONU, "los cuerpos de los mineros a menudo son arrojados a antiguos pozos mineros".

LOS OTROS DAMNIFICADOS

Además, ha llamado la atención sobre el hecho de que "las condiciones de vida en las zonas mineras son pésimas, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento". "Los pozos de agua estancada y contaminada como resultado de la minería son lugar de cultivo para los mosquitos, provocando un aumento de los casos de malaria en la región", ha ilustrado.

Esto "afecta no solo a los trabajadores migrantes sino también a las comunidades indígenas". En particular ha contado que "ambos grupos se ven gravemente afectados por el envenenamiento por mercurio", que se usa para separar el oro de otros minerales y en el proceso genera gases tóxicos y también se vierte en el suelo y se filtra en los ríos.

De esta forma, "la minería ilegal también afecta el disfrute de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, debido a la destrucción de su hábitat y a la falta de control sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales".

"SISTEMA DE CORRUPCIÓN"

El informe explica la hegemonía de los 'sindicatos' en el Arco Minero por la existencia de "un sistema de corrupción y soborno que incluye pagar a los comandantes militares" allí desplegados.

"A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad en la región, y de los esfuerzos realizados para abordar la actividad criminal, las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los Derechos Humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería", ha lamentado Bachelet.

La Alta Comisionada ha instado a las autoridades venezolanas a "tomar medidas inmediatas para terminar con la explotación laboral y sexual, el trabajo infantil y la trata de personas".

Asimismo, les ha conminado a "desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras" e "investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de los crímenes y las violaciones de los Derechos Humanos".