ONU y ONG avisan del riesgo de que Assange sufra "graves violaciones de los DDHH" ya fuera de la Embajada

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas y ONG han lamentado la decisión del Gobierno de Ecuador de retirar el asilo político concedido en 2012 a Julian Assange, que ha derivado en su detención y posible extradición a Estados Unidos, porque, una vez fuera de la Embajada en Londres, donde se recluía desde entonces, podría sufrir "graves violaciones de los Derechos Humanos"

"Al expulsar a Assange de la Embajada, Ecuador ha permitido a Reino Unido que le detenga, acercándole un paso más a la extradición a Estados Unidos y, por tanto, arriesgándole a sufrir graves violaciones de los Derechos Humanos", ha dicho en Twitter la relatora especial de la ONU para ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard.

Además, la experta de la ONU ha recordado que, tal y como determinó el Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas en 2015, el fundador de Wikileaks ha sufrido una detención arbitraria "poniendo en peligro su vida durante los últimos siete años".

Por su parte, el relator especial para el derecho a la privacidad, Joe Cannataci, ha aclarado que la detención de Assange no detendrá sus esfuerzos para investigar la denuncia del fundador de Wikileaks de que durante su estancia en la sede diplomática ha sido espiado.

"Esto significa que, en lugar de visitar y hablar con Assange en la Embajada, intentaré visitarlo y hablar con él donde esté detenido", ha afirmado en un comunicado difundido por Naciones Unidas.

Amnistía Internacional ha pedido directamente a Reino Unido que no extradite a Assange a Estados Unidos, "donde hay un riesgo muy real de que sufra graves violaciones de los Derechos Humanos", empezando por unas condiciones de detención que podrían su poner tortura.

"Instamos a las autoridades de Reino Unido a cumplir con las garantías que le han dado a Ecuador de que no le enviarán a ningún lugar donde pueda enfrentarse a la pena de muerte, torturas o malos tratos", ha reclamado el subdirector de Amnistía Internacional para Europa, Massimo Moratti.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la principal organización de defensa de derechos civiles de Estados Unidos, ha advertido además de que "cualquier procesamiento de Assange en Estados Unidos por las publicaciones de Wikileaks sería inconstitucional (...) y abriría la puerta a investigaciones penales contra otros medios".

"Procesar a un editor extranjero por violar la ley de secretos oficiales de Estados Unidos sentaría un precedente especialmente peligroso para los periodistas estadounidenses, que violan rutinariamente la ley de secretos oficiales para publicar información vital", ha indicado Ben Wizner, de ACLU, en un comunicado.

CASO ASSANGE

La Justicia sueca emitió en 2012 una orden de detención contra Assange por abusos sexuales. El entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, le concedió el asilo político para evitar que fuera entregado a la nación nórdica y desde allí pasara a Estados Unidos para ser juzgado bajo amenaza de pena muerte.

Reino Unido, donde se encontraba Assange en esos momentos, se negó a darle un salvoconducto para que viajara a Ecuador alegando que debía entregarle a Suecia. Entonces, se refugió en la Embajada y, tras faltar a su primera cita judicial, fue acusado de violar los términos de la libertad condicional.

El nuevo Gobierno de Lenín Moreno en Ecuador, que siempre ha considerado a Assange un problema heredado de Correa, ha anunciado este jueves que le retira el asilo político por vulnerar las normas internacionales sobre el mismo y el protocolo de convivencia en la Embajada.

Inmediatamente después, era detenido por la Policía Metropolitana de Londres. El editor australiano se ha sometido este mismo jueves a un juicio rápido en un tribunal británico que le ha declarado culpable de violar la libertad condicional. La pena exacta no se conocerá hasta más adelante, si bien podría ascender a doce meses de cárcel.

Estados Unidos también ha movido ficha y ha revelado que acusa a Assange de conspirar con la ex analista de Inteligencia del Ejército Chelsea Manning para 'hackear' los ordenadores del Departamento de Defensa y acceder a documentos clasificados, por lo que podría ser condenado a cinco años.

Desde Suecia, la mujer que acusó a Assange de violación ha pedido formalmente a la Fiscalía que reabra el caso, que quedó cerrado en 2017 porque la presencia del fundador de Wikileaks en la Embajada hacía imposible que la investigación avanzara.

Reino Unido debe decidir cómo procede con Assange. A la espera de lo que resuelvan las autoridades suecas, Estados Unidos sigue pendiente de su extradición. Ecuador ha explicado que el Gobierno británico le ha dado garantías de que no será entregado a ningún país donde pueda ser condenado a pena de muerte o sufrir tortura.