MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha pedido este martes a las autoridades de Malí que actúen para "romper el ciclo de impunidad" en el país, escenario de un aumento de las violaciones de los Derechos Humanos durante el primer semestre de este año.
"Pido de nuevo a las autoridades malienses que rompan el ciclo de impunidad y establezcan investigaciones rápidas, exhaustivas, imparciales y efectivas en torno a todas las acusaciones sobre violaciones y abusos de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas por el Ejército", ha dicho.
"La rendición de cuentas debe prevalecer para garantizar la paz", ha sostenido, antes de reconocer que el nuevo primer ministro, Choguel Maiga, "afirmó recientemente que está comprometido con poner fin a la impunidad". "Pido al Gobierno que traduzca este compromiso en acciones sin retrasos", ha agregado.
La división de Derechos Humanos y Protección de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) ha indicado que entre enero y junio de 2021 se registraron 617 abusos de los Derechos Humanos, incluidos 165 asesinatos por parte de grupos armados.
Estas cifras suponen un aumento del 37 por ciento respecto a las cifras entre agosto y diciembre de 2020, en medio de un aumento de los ataques y los secuestros, especialmente en el centro del país, por parte de grupos como la milicia dogon Da Na Ambassagou.
Así, en los seis primeros meses del año se han documentado 328 secuestros, entre ellos doce niños, una cifra muy superior a los 187 registrados en 2020 y cuatro veces más que el número de incidentes de este tipo confirmados en 2019 en el país africano.
Por otra parte, se ha registrado un drástico aumento de las violaciones por parte de los actores gubernamentales, de 53 entre agosto y diciembre de 2020 a 213 durante el primer semestre de 2021, incluida la ejecución sumaria o arbitraria de 44 civiles.
Malí, al igual que otros países del Sahel, ha venido registrando en los últimos años un número creciente de ataques yihadistas obra tanto de la filial de Al Qaeda en la región como de la de Estado Islámico, lo cual ha hecho además aumentar la violencia intercomunitaria y provocado el desplazamiento de decenas de miles de personas.
Por ello, Bachelet ha solicitado al Ejecutivo de transición que "dé pasos concretos para la aplicación efectiva y rápida de las recomendaciones de la Comisión Internacional de Investigación", así como "garantizar que se respetan el Estado de Derecho y los Derechos Humanos".
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha pedido además "mejorar el equilibrio de género en las posiciones de liderazgo durante el periodo de transición", dado que sólo cerca del 20 por ciento de sus integrantes son mujeres, por debajo de la cuota del 30 por ciento que contempla la ley.
El nuevo Gobierno ha sido nombrado a raíz de un segundo golpe de Estado dado en mayo por Assimi Goita, quien entonces era vicepresidente y antiguo líder de la junta instaurada tras la asonada de agosto de 2020 que derrocó a Ibrahim Boubacar Keita.
El desencadenante de la nueva crisis fue el nombramiento por parte de Moctar Ouane de un Gobierno con militares en las principales carteras pero sin importantes figuras de la junta, lo que llevó al Ejército a detenerle junto al entonces presidente, Bah Ndaw.
Tras su detención, Goita procedió a su cese un día después argumentando que el anuncio del nuevo Ejecutivo supone "una voluntad manifiesta del presidente de transición y del primer ministro de ir hacia una violación de la hoja de transición, contrariamente al juramento que hicieron durante su investidura del 25 de septiembre de 2020".
El Tribunal Constitucional validó posteriormente el nombramiento de Goita como nuevo presidente del país africano, tras lo que nombró como primer ministro a Maiga, presidente del comité estratégico del opositor Movimiento 5 de Junio-Agrupación de Fuerzas Patrióticas (M5-RFP).