MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
La agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha confirmado este viernes que ha recibido quejas de maniobras de acoso contra refugiados afganos en Pakistán a pesar de que poseen la documentación necesaria que les acredita como tales, en medio del ultimátum de Islamabad a esta comunidad para que abandone el país.
Según estimaciones oficiales, en Pakistán viven aproximadamente 2,3 millones de refugiados afganos, 1,6 millones de ellos registrados y 700.000 sin papeles, la mayoría en la provincia de Jíber Pajtunjua, en la frontera afgana. Sobre estos últimos pesa la orden de expulsión dada por Pakistán, que les ha dado hasta el 1 de noviembre para dejar el país, en una medida ampliamente condenada por Naciones Unidas y ONG internacionales por entenderla como contraria al derecho Internacional.
"Hemos recibido quejas desde diferentes lugares del país y hemos abordado esta cuestión con las autoridades pertinentes", ha declarado el portavoz de ACNUR en Pakistán, Qaisar Afridi, quien dice haber recibido del Gobierno la promesa de que no emprenderá medidas contra aquellos refugiados con permiso de residencia.
Afridi, en comentarios al diario Dawn, también ha confirmado que la agencia de la ONU en el país ha recibido informaciones sobre la detención y el arresto de ciudadanos afganos con documentación e instado a las autoridades "a que pongan en libertad a estos ciudadanos tan pronto como sea posible".
En respuesta al mismo medio, el portavoz de la Policía de Islamabad, Sayed Ashfaq Anwar ha calificado estas declaraciones como "una completa basura y un engaño de manual" antes de indicar que, por lo que a la Policía de la capital respecta, no hay constancia de un solo caso de acoso policial, aunque no precisa si existen casos de presión a refugiados por parte de grupos civiles.
"Creemos que muchas de las personas que enfrentan la deportación correrán un grave riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos si regresan a Afganistán, incluidos arrestos y detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles y otros tratos inhumanos", ha denunciado la portavoz de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani.
"Quienes corren un riesgo particular son: activistas de la sociedad civil, periodistas, defensores de los derechos humanos, exfuncionarios gubernamentales y miembros de las fuerzas de seguridad y, por supuesto, las mujeres y las niñas en su conjunto, quienes, como resultado de las abominables políticas actualmente en vigor en Afganistán, están excluidos de la educación secundaria y terciaria, trabajando en muchos sectores y otros aspectos de la vida diaria y pública", ha añadido.