Actualizado: martes, 13 octubre 2015 18:02


CARACAS, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha retomado esta semana las labores de mediación entre Venezuela y Guyana para resolver la disputa entre ambos países por la soberanía del Esequibo, un territorio fronterizo administrado por la ex colonia británica pero reclamado por Caracas.

Un equipo de la ONU, encabezado por la secretaria general adjunta del Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno, Susana Malcorra, ha llegado en las últimas horas a Venezuela, donde estarán hasta el miércoles.

Malcorra ya estuvo el lunes en Guyana para "continuar las discusiones relativas a la controversia resultante de la declaración de nulidad por parte de Venezuela del laudo arbitral de 1899", de acuerdo con un comunicado del Gobierno guyanés.

"Es un seguimiento a la visita realizada por una misión técnica de Naciones Unidas en julio y está en conformidad con el programa establecido por el secretario general después de su reunión con los presidentes de Guyana y Venezuela en la Asamblea General", aclaró.

LA DISPUTA TERRITORIAL

El Esequibo es un territorio de 159.542 kilómetros que posee importantes recursos naturales --petroleros, gasísticos, mineros, hidráulicos y forestales-- y un gran potencial turístico.

La región está administrada por Guyana pero es reclamada como propia por Venezuela basándose en el Acuerdo de Ginebra de 1966, en el que Reino Unido reconoce que es un territorio en disputa y fija una 'hoja de ruta' para llegar a un acuerdo.

La actual frontera está fijada por el laudo arbitral de 1899, que favorece la soberanía de Guyana, pero cuya validez ha sido cuestionada porque las negociaciones internas, que se hicieron públicas años después, revelan vicios del consentimiento.

Pese a que el litigio llevaba años en letargo, se ha activado este año por la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de crear una "zona de defensa integral" en alta mar que deja a Guyana sin acceso al océano Atlántico.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana describió el decreto como una "violación flagrante del Derecho internacional". "Guyana rechaza esta ilegalidad que busca socavar nuestro desarrollo a través de la explotación de nuestros recursos naturales en alta mar", dijo.

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