JOHANNESBURGO 15 Nov. (Reuters/EP) -
Los principales miembros del partido opositor Alianza Democrática de Sudáfrica han interpuesto este martes una querella criminal contra el presidente del país, Jacob Zuma, después de que la Defensora Pública revelara un informe sobre las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias presentadas contra Zuma y su Gobierno durante los últimos meses.
El informe 'Estado de Captura', que plantea una serie de conclusiones sobre las pruebas halladas contra el presidente sudafricano, también señala a algunos ministros y directores de las principales empresas públicas del país.
"La Alianza Democrática se va a asegurar de que Zuma y todos aquellos que le han ayudado rindan cuentas ante la justicia por el flagrante abuso de poder para enriquecerse a expensas de los desempleados y los sectores más pobres del país", ha indicado el líder de la Alianza Democrática, Mmusi Maimane, que ha instado a la Policía a investigar el asunto.
Los escándalos de corrupción del presidente Zuma han afectado a los mercados de Sudáfrica, la nación más industrializada del continente. Zuma, que salió victorioso de una moción de censura presentada el jueves en el Parlamento, está estudiando la posibilidad de enfrentarse a las acusaciones en los tribunales.
El documento presentado por la Defensora Pública, Thuli Madonsela, advierte de la presencia de irregularidades y delitos por parte del Gobierno y hace un llamamiento a la Judicatura para investigar las alegaciones contra el presidente.
Según el informe, los hermanos Ajay, Atul y Rajesh Gupta, miembros de una familia rica y amigos del presidente Zuma, han tenido una gran influencia sobre las políticas y concesiones del Gobierno. Tanto Zuma como los Gupta han negado que hayan existido esas influencias.
Zuma, de 74 años, ha negado cualquier tipo de favoritismo a los Gupta, que gestionan todo un imperio empresarial que va desde el sector de la comunicación hasta la minería. El presidente de la principal empresa eléctrica del país, Brian Molefe, ha anunciado su dimisión tras verse implicado en el informe.
DIMISIÓN DEL FISCAL GENERAL
Las voces contrarias a Zuma también han reclamado la dimisión del fiscal general del Estado, Shaun Abrahams, que presentó cargos por fraude y corrupción contra el ministro de Finanzas, Pravin Gordhan, y luego los retiró tras ver el apoyo que recibía el ministro en el ámbito político y empresarial.
Zuma, que ha señalado que las autoridades han abierto una investigación para asegurarse de que Abrahams está cualificado para continuar en su cargo al frente de la Fiscalía, ha solicitado al fiscal general que presente una serie de motivos por los cuales no debe ser suspendido.
El presidente ha señalado que varios grupos de defensa de los Derechos Humanos le han estado presionando para que Abrahams, que deberá aclarar sus motivos antes del 28 de noviembre, sea destituido. Por otro lado, los miembros de la oposición han exigido, además, que otros dos altos cargos del organismo sean suspendidos por mala "mala praxis".