Organizaciones y movimientos sociales piden soluciones para acabar con la desnutrición en Guatemala

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones, redes y movimientos sociales internacionales, entre los que se encuentra la Coalición de Agencias Católicas para el Desarrollo (CIDSE), de la que forma parte la ONG española Manos Unidas, han presentado el informe de la III Misión Internacional de Guatemala en el que piden soluciones para garantizar el derecho a la alimentación de la población de este país --el primero en niveles de desnutrición crónica de América Latina--, y piden protección para los defensores de DDHH.

Según indican, a pesar de que Guatemala cuenta con un marco jurídico político e institucional que "favorece" la realización del Derecho a una Alimentación Adecuada y a la Nutrición (DAA), y aunque es un país rico en recursos naturales y de pujanza económica, "aún no se visualizan cambios estructurales en las condiciones de vida de la población".

El Estado de Guatemala es el tercer país de Latinoamérica con más porcentaje de población bajo la línea de pobreza, el 54,8 por ciento, y ocupa el primer lugar en niveles de desnutrición crónica. Según los resultados del informe de la Misión, el "enfoque predominantemente asistencialista" de los programas de seguridad alimentaria es una de las causas de esta situación.

Concretamente, el estudio apunta "la falta de coherencia entre dichos programas y la legislación que reconoce los derechos humanos" pues el Estado "impone un modelo de desarrollo que se basa en la extracción de recursos naturales para la exportación, que principalmente actúa en beneficio del sector empresarial transnacional".

Este modelo, según advierten las organizaciones, es contrario a la visión de desarrollo de las comunidades indígenas, campesinas y otras poblaciones rurales, pues ocasiona "el acaparamiento de los recursos naturales" limitando su acceso, gestión y control por parte de las comunidades.

"Este modelo de producción está hecho a la medida del agronegocio y el latifundio. Los niveles muy elevados de concentración de la tierra, junto con la expansión de los monocultivos a gran escala, impactan directamente sobre los derechos de las personas y la soberanía alimentaria de Guatemala, con fenómenos alarmantes de violencia y de violación de los derechos humanos", subraya el secretario de la Regional Latinoamericana de la UITA (Rel-UITA), Gerardo Iglesias.

EL SECTOR PRIVADO

Asimismo, la misión ha constatado que el sector privado está sustituyendo al Estado en áreas relacionadas con sus obligaciones de derechos humanos, tales como asistencia alimentaria, educación, salud, seguridad o la creación de empleos, "usando los espacios públicos para hacer propaganda o condicionar a la población en el acceso a sus servicios".

En este sentido, la coordinadora del Programa para América

Latina de FIAN Internacional, Angélica Castañeda, afirma que en algunos de los casos visitados por la Misión, los niños y las niñas o las mujeres que pertenecen a grupos o comunidades que resisten contra los proyectos de las empresas "son discriminados, excluidos e incluso amenazados".

Por otro lado, la Misión ha verificado el "aumento de la estigmatización, amenaza, criminalización y violencia por parte del Estado y otros actores hacia las personas defensoras de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), en especial hacia las mujeres".

Entre los diferentes casos, el informe alude a las mujeres de La Puya con su estrategia 'mujeres al frente' que dicen "tener menos tiempo para dedicar a la familia para cumplir con este deber (de defender los derechos de su comunidad)".

PRIORIZAR LOS DERECHOS HUMANOS

Entre las recomendaciones para acabar con la desnutrición en el país, los movimientos piden al Estado de Guatemala que garantice la coordinación de sus distintas instancias responsables de ejecutar las políticas y programas destinados a erradicar el hambre y la desnutrición (Pacto, Programa y Plan Hambre Cero) y que asegure la dotación de recursos tanto económicos como humanos para los mismos. Asimismo, reclaman que priorice los DDHH y que atienda a campesinos y comunidades.

Igualmente, le piden que respete el derecho de la ciudadanía a ejercer libremente su derecho a la protesta social y que cumpla con "el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de las autoridades y en la declaración de estados de sitio o emergencia, no recurriendo a la militarización y garantizando el no uso de la violencia".

Por otro lado, urgen a la comunidad internacional a aumentar sus aportaciones y esfuerzos para combatir las causas estructurales de la pobreza y del hambre, promoviendo la integración del enfoque de derechos humanos y a "monitorear" que las inversiones financieras que desde sus países se destinan hacia proyectos "no promuevan el acaparamiento de tierras, lo cual deriva en conflictos agrarios".

Asimismo, piden ayuda a la Unión Europea para que exprese ante el Gobierno de Guatemala, en el marco del diálogo político, "su preocupación por la vulneración de derechos humanos, como el derecho de las comunidades a la alimentación y a una vivienda digna". También exhortan a los países de la UE a proteger a los defensores de DDHH y a no promover la participación de las empresas en diálogos con las comunidades, ni en instancias de protección de defensores de DDHH.

Tanto la misión internacional como el informe se han llevado a cabo a iniciativa de ACT Alianza UE, la Coalición de Agencias Católicas para el Desarrollo (CIDSE), la Iniciativa de Copenhague para América Central y México (CIFCA), FIAN Internacional, la Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (Rel-UITA), y La Vía Campesina Internacional. El informe fue presentado el pasado 22 de octubre en Guatemala y será difundido en instituciones y agencias internacionales en los próximos meses.