Ortega dice que está dispuesto a cumplir tras la decisión de la Alianza Cívica de romper el diálogo

La oposición se niega a volver a las negociaciones hasta que todos los presos políticos sean liberados

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Daniel Ortega ha asegurado este martes que está dispuesto a cumplir lo acordado en el diálogo con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que en su opinión pasa por liberar a 132 presos políticos antes del 18 de junio, después de que la oposición nicaragüense anunciara la ruptura de las conversaciones.

"El Gobierno de reconciliación y unidad nacional que representamos continuará cumpliendo con todos los acuerdos tomados en la mesa de negociación y avanzando en lo que corresponde a la acción del Estado nicaragüense, para garantizar que se vayan cumpliendo todos los puntos en la agenda", ha dicho en un comunicado.

Como prueba de ello, ha recordado que hasta ahora "ha avanzado unilateralmente en el cumplimiento del acuerdo de excarcelación de personas que atentaron contra la seguridad y el orden público", es decir, los considerados presos políticos por la Alianza Cívica.

Desde febrero, cuando se reactivó el diálogo nacional, el Gobierno ha liberado 336 reos, cien de ellos en las últimas 24 horas, según informó el lunes el Ministerio de Gobernación. A este respecto, el Ejecutivo ha subrayado este martes que es consciente de que "quedan pendientes" otros 132 antes del 18 de junio, fecha límite acordada por las partes.

"Mientras", ha reprochado, "la otra parte continúa debatiéndose en estériles dudas, discusiones y hasta amenazas que no corresponden con el interés y el bien común de nuestra Nicaragua". "Nosotros seguiremos trabajando por la paz y el bienestar, protegiéndonos de las acechanzas del mal, que nadie quiere en nuestro país", ha remachado.

Ortega ha contestado así al comunicado difundido el lunes por la Alianza Cívica tras celebrar una reunión de urgencia en lugar de asistir a la reunión del diálogo nacional que estaba prevista para ese mismo día en Managua, dejando plantada a la delegación gubernamental.

"La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se retira de la mesa de negociación hasta que el Gobierno excarcele, previo a su liberación definitiva, a los presos políticos de la lista conciliada (por ambos que obra) en poder del Comité Internacional de la Cruz Roja", anunció la oposición nicaragüense.

La plataforma disidente aludió a "los pocos avances" que se han producido en las conversaciones "por la nula voluntad política del Gobierno, esgrimiendo que desde el 29 de marzo no se habían producido nuevas liberaciones, si bien el Gobierno respondió horas después con la orden de excarcelar a otros cien presos políticos.

"Precisamente porque creemos en la negociación y la importancia del cumplimiento de lo que en ella se acuerda, decidimos regresar solo cuando se haya excarcelado a los presos políticos de toda la lista conciliada, sin menoscabo de la liberación definitiva de todos los presos políticos para el 18 de junio", señaló.

Convocó además "a los empresarios, pequeños, medianos y grandes, comerciantes y trabajadores, así como empleados por cuenta propia y a la sociedad en general a (...) un paro nacional y otras acciones cívicas" con el fin de "hacer saber al Gobierno la exigencia (...) por la liberación de los presos políticos y el cumplimiento a los acuerdos suscritos".

CRISIS POLÍTICA

La crisis estalló en abril de 2018. Comenzó con protestas por una polémica reforma de la seguridad social que crecieron rápidamente hasta exigir la "democratización" de Nicaragua, en lo que ha sido el mayor desafío a Ortega en sus quince años de gobierno.

Más de 300 personas murieron y otras cientos fueron detenidas. Expertos del sistema interamericano que viajaron al país para constatar la situación interna han recomendado en un informe juzgar a Ortega por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la represión de las protestas.

El líder 'sandinista' ofreció entonces un diálogo nacional que fracasó por su negativa a convocar elecciones anticipadas. El pasado mes de febrero, las partes acordaron retomar las conversaciones y celebraron las primeras reuniones. Desde entonces la Alianza Cívica ha denunciado en numerosas ocasiones incumplimientos del Gobierno.