Papúa Nueva Guinea dice que detendrá a aquellos que se nieguen a abandonar el centro de detención de Manus

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Papúa Nueva Guinea, Peter O'Neill, ha afirmado este miércoles que las autoridades detendrán a los cerca de 600 solicitantes de asilo que se niegan a abandonar el centro de detención de la isla de Manus, cerrado la semana pasada.

"El centro de Manus fue establecido con el único objetivo de procesar solicitudes de asilo, y ahora que han sido procesadas, el centro ha sido cerrado", ha dicho, resaltando que "no será reabierto y volverá a su función previa como instalación del Ejército".

Así, ha recalcado que, tras el fallo del Tribunal Supremo del país de declarar ilegal el centro, "el Gobierno no tiene otra opción que intervenir por el bienestar de los refugiados y los que no son refugiados".

"Los responsables de las alteraciones han sido identificados y se utilizarán los medios adecuados para detener a los responsables de una ansiedad y violencia innecesaria", ha recalcado O'Neill.

En este sentido, ha resaltado que "sus acciones llevan a una situación de ley y orden, así como a un problema higiénico y sanitario, y se hará frente al mismo, ya sean refugiados o no".

"Hay 610 hombres en Manus considerados refugiados, y se han iniciado los procedimientos para enviarles a terceros países. También hay 210 a los que no se ha considerado refugiados legítimos", ha dicho.

Por último, O'Neill ha asegurado que "los lugares a los que serán trasladados tienen mejores instalaciones que el centro cerrado", pidiendo a "refugiados y no refugiados" que "se comporten de manera pacífica".

El Tribunal Supremo de Papúa Nueva Guinea rechazó el martes una petición para restaurar los servicios básicos en el centro de detención de la isla de Manus.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) había reclamado la restauración de los servicios sanitarios y de entrega de agua y comida para evitar una "emergencia humanitaria" en el lugar.

El organismo afirmó la semana pasada que los alojamientos alternativos ofrecidos por las autoridades de Papúa Nueva Guinea a los solicitantes de asilo internados en el centro de Manus no están aún preparados.

Sin embargo, la ministra de Exteriores australiana, Julie Bishop, afirmó la semana pasada que "no tiene sentido" que los detenidos sigan en Manus habiendo alojamiento alternativo, si bien dijo que Canberra no se hace responsable de su seguridad.

Cerca de 600 de los internos del centro de detención de la isla de Manus se han negado a abandonar las instalaciones, que cerraron después de que el Tribunal Supremo de Papúa Nueva Guinea determinara en 2016 que el mismo era "anticonstitucional".

Las autoridades de Papúa Nueva Guinea indicaron que el centro cerraría y que las instalaciones serán entregadas al Ejército y advirtiendo de que cualquier persona que no las abandone podrá ser retirada por la fuerza de lo que ya sería una base militar.

Asimismo, señalaron que a partir de entonces se cortaría el suministro eléctrico y el agua y detendrían la entrega de comida, añadiendo que el personal abandonaría también las instalaciones. Los que continúan en el centro están racionando los suministros para mantener la protesta.

PROCESO DE REUBICACIÓN

Las autoridades han explicado que los internos --solicitantes de asilo en Australia en su totalidad-- serán reubicados en tres localizaciones diferentes en la ciudad de Lorengau, si bien cientos de ellos se niegan a salir por temor a represalias por parte de la población.

Kate Shuetze, investigadora de la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI), indicó que los internos están también preocupados por cómo podrán comprar comida y medicinas una vez sean trasladados. "Básicamente no existe un plan para que puedan reconstruir sus vidas, lo que es muy alarmante", manifestó.

"No hemos oído a las autoridades de Papúa Nueva Guinea pronunciarse sobre si estas personas podrán trabajar en la comunidad o si podrán desplazarse libremente en el país", añadió.

En este sentido, Shuetze resaltó que "de hecho, lo que se ha oído es lo contrario, y todas las indicaciones sobre estos nuevos centros y su seguridad apunta a que les trasladan de una prisión a otra sin una lógica racional".

Los solicitantes de asilo relataron en mayo que el cierre inminente de las instalaciones había aumentado la presión sobre ellos por temor a que estos traslados precipiten la deportación de quienes ya han rechazado la oferta australiana de retorno voluntario.

CRÍTICAS A AUSTRALIA

Naciones Unidas y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han criticado el campo de Manus, uno de los dos creados por Australia en el Pacífico Sur, por las precarias condiciones, que incluyen una atención médica insuficiente y violencia.

El Tribunal Supremo de Papúa Nueva Guinea declaró en 2016 que el campo para refugiados de Manus era ilegal y debía cerrarse, obligando a Australia a anunciar su clausura para 2017.

Según la legislación australiana, todo aquel que es interceptado tratando de llegar al país por vía marítima es enviado a las islas de Nauru y Manus para someterse a un proceso de registro que, en ningún caso, terminará con el reasentamiento en Australia.

La Administración estadounidense de Barack Obama llegó a un acuerdo con las autoridades australianas para acoger a algunos refugiados, pero el nuevo Gobierno de Donald Trump se ha negado.