Rusia critica la decisión y aboga por una "conversación seria" para alcanzar "algún tipo de solución diplomática"
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El Parlamento de Armenia ha ratificado este martes el Estatuto de Roma, pilar del Tribunal Penal Internacional (TPI), lo que abre la puerta a que el país esté obligado a acatar ordenes de arresto pendientes, entre ellas la del presidente de Rusia, Vladimir Putin.
El Parlamento ha dado luz verde al texto con 60 votos a favor y 22 en contra, pese a los avisos lanzados en los últimos días por el Gobierno de Rusia, que ya había advertido de posibles consecuencias frente a un país del que tradicionalmente se ha considerado aliado.
El presidente del Comité para Asuntos Exteriores del Parlamento de Armenia, Sargis Jandanián, ha manifestado tras la votación que "la ratificación del Estatuto de Roma se debe puramente a los intereses de Armenia". "Armenia da todos los pasos para garantizar su seguridad a través de diversas vías, incluida la seguridad legal, de la que el Estatuto de Roma es uno de sus componentes", ha argumentado.
En este sentido, Jandanián ha reseñado que "el Gobierno (armenio) ha estado trabajando de forma continua con los colegas rusos" y ha añadido que "la ratificación del Estatuto de Roma no tiene nada que ver con las relaciones armenio-rusas", tal y como ha recogido la agencia estatal armenia de noticias, Armenpress.
En esta misma línea, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Hakob Arshakián, ha aseverado que, con esta decisión, el Parlamento armenio no busca en ningún momento dar un paso hostil hacia Rusia o el presidente Putin, a contrario de lo que, dice, difunden algunos rusos y opositores armenios.
"No pretendemos ninguna acción hostil hacia Rusia o si líder, de la que, lamentablamente, intentan acusarnos nuestros socios rusos, y que algunas figuras de la oposición armenia están tratando de obtener dividendos en la arena política creando tensiones interestatales", ha manifestado Arshakián.
Así, el vicepresidente de la Asamblea Nacional armenia ha recalcado que este paso va favor de los intereses de Ereván y que, además, las autoridades del país han abogado por implementar un mecanismo que resuelva todas las cuestiones bilaterales con Rusia, que aún no ha respondido a la propuesta.
"Existen desacuerdos y tensiones entre todos los compañeros, amigos y familiares. La tensión aparente es temporal y estoy seguro de que será aclarada y superada", ha zanjado el vicepresidente de la Asamblea armenia.
Tras la decisión, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha mostrado el "total desacuerdo" de Moscú con los argumentos del primer ministro armenio, Nikol Pashinián, sobre que "la decisión se debe a la insuficiencia de los instrumentos de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) y la asociación armenio-rusa a la hora de garantizar la seguridad del país".
"No es así y creo que, después de todo, la mayoría en Armenia entiende que los instrumentos del CSTO y la asociación armenio-rusa son absolutamente irreemplazables en estos momentos", ha apuntado, antes de indicar que "hay contactos a diferentes niveles" entre ambos países para abordar la situación.
Así, Peskov ha incidido en que "habrá una conversación seria sobre este asunto", según ha recogido el diario ruso 'Izvestia'. "Es necesario que encontremos algún tipo de solución diplomática sobre este tema", ha zanjado.
El propio Peskov había avisado previamente de que Moscú consideraría "extremadamente hostil" la ratificación del Estatuto de Roma, una advertencia que también han repetido esta semana fuentes del Ministerio de Exteriores consultadas por la agencia TASS.
La incorporación formal al TPI implica teóricamente que las autoridades armenias estarían obligadas a detener a Putin en caso de visita. El representante de Armenia para asuntos jurídicos internacionales, Yeghise Kirakosián, explicó la semana pasada que habían trasladado a Rusia la opción de firmar algún tipo de acuerdo que pudiese evitar dicho arresto.
Armenia tiene la vista puesta en la Justicia internacional para poder, llegado el caso, pedir cuentas a Azerbaiyán por los posibles abusos en la región de Nagorno-Karabaj, especialmente después de la reciente escalada de violencia que se ha saldado con el éxodo de unos 100.000 refugiados y la inminente disolución de la autoproclamada república separatista.