El Parlamento israelí aprueba una controvertida cláusula de la reforma judicial

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Knesset, el Parlamento israelí, ha aprobado en la noche de este lunes una controvertida cláusula del proyecto de ley de la reforma judicial, medida que ha generado en las últimas semanas multitudinarias manifestaciones en protesta en las calles del país.

Los legisladores han votado, en primera lectura, con 61 votos a favor y 52 en contra -- y después de varias horas de debate-- la introducción de una cláusula que permitiría al Parlamento volver a redactar leyes tumbadas por el Tribunal Supremo.

Esta cláusula, denominada "de anulación", tiene que ser devuelto al Comité de Constitución, Ley y Justicia del Parlamento, para que sea revisada y preparada para las siguientes lecturas.

La reforma judicial necesitará pasar dos veces más por el visto bueno de los miembros de la Knesset para que se pueda convertir en ley, ha informado el periódico 'The Times of Israel'.

Una vez quede aprobada y entre en vigor, la cláusula será válida durante el mandato parlamentario en el que se ha aprobado, así como un año durante el siguiente mandato, momento en el que los legisladores pueden decir si extender la cláusula indefinidamente.

La cláusula de anulación se suma a una serie de reformas entre las que destaca un intento por reestructurar los nombramientos judiciales de modo que la coalición gubernamental tenga control sobre las elecciones del organismo.

Horas antes, los legisladores israelíes presentaron un proyecto de ley respaldado por el Gobierno que que busca modificar las condiciones de recusación del cargo de primer ministro para evitar que Benjamin Netanyahu sea suspendido en el marco de los procesos penales abiertos en su contra por corrupción.

La reforma judicial que está tramitando el Gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y que, según la oposición, limitaría en gran medida la capacidad de los tribunales de anular legislación que viole la Constitución, daría al Ejecutivo el control total sobre el nombramiento de jueces, incluidos los del Tribunal Supremo, y limitaría en gran medida la capacidad de la corte.