El Parlamento venezolano activa el proceso para cesar a los magistrados del Supremo

CARACAS, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado este miércoles iniciar el proceso para destituir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que elaboraron los fallos por los que arrebataron sus poderes a la sede legislativa y la inmunidad a los diputados.

"Aprobado por unanimidad el acuerdo de activación del proceso para la remoción de los magistrados del TSJ por ruptura del orden constitucional", ha anunciado la Asamblea Nacional a través de su cuenta oficial en Twitter.

La votación se ha resuelto con "unanimidad" de los diputados presentes, todos miembros de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) --coalición opositora--, ya que el grupo parlamentario del 'chavismo', el Gran Polo Patriótico (GPP), ha abandonado la Asamblea Nacional en señal de protesta.

Los representantes oficialistas solo han tomado la palabra, en boca del diputado Héctor Rodríguez, para ratificar la vigencia de la democracia en Venezuela y acusar a los legisladores de la MUD de intentar dar "un golpe parlamentario", tras lo cual han dejado vacíos sus asientos.

Los diputados presentes han aprobado una declaración en la que afirman que en Venezuela se ha producido "una ruptura del orden constitucional" que atribuyen al TSJ por su constante injerencia en el Poder Legislativo a favor del Gobierno, según informa el diario local 'El Nacional'.

A continuación, han dado el visto bueno al segundo punto del día: la activación del proceso para destituir a los magistrados del alto tribunal. El diputado ponente, Juan Miguel Matheus, ha explicado que hay dos vías posibles, una es "el camino penal", que se inició el pasado viernes con una denuncia ante la Fiscalía, y otra mediante una votación parlamentaria.

En este segundo caso, es necesario una mayoría reforzada --las dos terceras partes de los diputados-- que ratifique que los magistrados han cometido una "falta grave", algo que debe ser declarado previamente "por el poder ciudadano", en este caso, según ha indicado Matheus, por el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab.

"GOLPE CONTINUADO"

El coordinador nacional de Voluntad Popular y primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, ha afirmado que el TSJ ha perpetrado un "golpe de Estado", a pesar de que revocó dichos fallos. "Este tribunal golpista tiene tiempo asumiendo las funciones de la Asamblea Nacional", ha esgrimido.

En la misma línea se ha pronunciado el ex presidente del Congreso Henry Ramos Allup, que ha hablado de un "golpe continuado". En su opinión la ofensiva del Gobierno contra el Parlamento comenzó el 6 de diciembre de 2015, cuando la MUD se hizo con la mayoría parlamentaria, por primera vez en 16 años.

Los magistrados titulares y suplentes del TSJ fueron designados 'in extremis' por la mayoría 'chavista' en el periodo interino que transcurrió entre las elecciones legislativas y la toma de posesión de los nuevos diputados, el 5 de enero de 2016. De esta forma, el oficialismo se aseguró el control del Supremo.

El TSJ es una institución clave en la actual coyuntura política venezolana porque la Constitución le otorga el papel de árbitro entre los poderes del Estado. En el primer año de control opositor, el Supremo se ha posicionado siempre a favor del Gobierno, salvo en un borrador sobre el uso de teléfonos móviles en las cárceles.

SESIÓN ACCIDENTADA

La sesión estaba prevista para el martes, pero se suspendió por los disturbios que se desataron durante la marcha opositora por Caracas por el bloqueo de las fuerzas de seguridad. Decenas de personas resultaron heridas por el uso de balas de goma, gas lacrimógeno y cañones de agua, incluidos siete agentes por las piedras lanzadas por los manifestantes.

Los diputados se citaron para las 9.30 (hora local) del miércoles pero han llegado horas antes para evitar cualquier inconveniente en su camino hacia al Parlamento y garantizar el quórum para poder abordar la "ruptura del orden constitucional" y votar el cese de los miembros del alto tribunal.

"Aquí estamos todos los diputados de la Unidad Democrática llegando a la Asamblea Nacional y de aquí no nos saca nadie porque vamos a sesionar desde el Palacio Federal", ha dicho Tomás Guanipa, representante caraqueño del partido opositor Primero Justicia

CRISIS INSTITUCIONAL

El TSJ ratificó la semana pasada que la Asamblea Nacional estaba en "desacato", advirtió a los diputados de que, en consecuencia, cualquier acto que realizarán estaba exento de la protección que concede la inmunidad parlamentaria y asumió las competencias de la sede legislativa hasta nuevo aviso.

El Parlamento denunció un "golpe de Estado" por parte del Gobierno de Nicolás Maduro e incluso la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, --una fiel 'chavista'-- advirtió de que dicho fallos suponen una "ruptura del orden constitucional". En la misma línea, los países regionales y la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron su preocupación por lo que consideraron una vulneración de los principios democráticos.

En un principio, el Gobierno se limitó a emitir un comunicado en el que denunció una "arremetida" de "la derecha intolerante y pro imperialista dirigida" por Estados Unidos para "atentar contra el Estado de Derecho" a través de "falsedades e ignominias", pero finalmente convocó al Consejo de Defensa Nacional, que ordenó al TSJ dar marcha atrás.

El TSJ ha cumplido las órdenes del Palacio de Miraflores y ha emitido dos "aclaraciones" que devuelven sus poderes a la Asamblea Nacional y la inmunidad a los diputados, con lo que Maduro ha dado por superado este "impasse en los poderes públicos". Sin embargo, para los críticos esta sucesión de hechos confirma que el Gobierno controla las demás instituciones venezolanas.