BRASILIA, 18 Ago. (Reuters/EP) -
Las grandes empresas brasileñas podrían convertirse en el principal salvavidas de la presidenta, Dilma Rousseff, al posicionarse en contra del 'impeachment' que planea el Congreso para evitar lo que consideran que sería una agonía económica de años.
"Un juicio político es un asunto traumático que afecta a los sectores políticos y empresariales en un momento en el que Brasil lucha por recuperar su credibilidad en el extranjero", ha dicho el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Sao Paulo, Alencar Burti.
Burti ha argumentado que "lo que importa ahora es salvar el país" y para ello ha considerado necesario "hallar una solución por encima de los intereses personales", incluso de los propios empresarios, que no comulgan con muchas de las políticas económicas de la líder izquierdista.
El nerviosismo de la patronal se ha puesto de manifiesto esta semana cuando los principales grupos industriales --motor económico de Brasil-- y la corporación mediática más poderosa, Globo Comunicaçao, han reclamado un acuerdo nacional para garantizar la estabilidad.
Pero este 'no' al juicio político tampoco es un 'sí' a Rousseff. Los empresarios confían en que, aunque se mantenga en el poder, el Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) dé un giro radical a sus políticas económicas.
"Su fragilidad podría allanar el camino para un impulso modernizador que apruebe medidas que llevan tiempo dormidas", ha explicado a la agencia de noticias Reuters Leonardo Barreto, jefe de la consultora política Mosaico.
El primer síntoma de este viraje económico es la "agenda nacional" que Rousseff ha pactado con el Senado, en una inusual colaboración entre el Gobierno y el Congreso, con la esperanza de aplacar así el juicio político en su contra.
Esta "agenda nacional" incluye algunas de las medidas que los empresarios reclamaban desde hacía tiempo, como simplificar los impuestos, agilizar los permisos ambientales y aumentar las garantías en los contratos con el Estado.
"Esta nueva agenda llega tarde, pero al menos pone algo sobre la mesa que podría ayudar a recuperar la confianza (de los inversores)", ha considerado Paulo Protasio, jefe de la Cámara de Comercio de Río de Janeiro.
EN HORAS BAJAS
El inesperado apoyo empresarial se suma a las victorias políticas y judiciales que se anotó Rousseff la semana pasada y que disipan la amenaza del 'impeachment', aunque manteniendo la presión sobre el Palacio de Planalto.
La sede legislativa pretende juzgar a Rousseff por una presunta omisión del deber 'in vigilando' por la red de sobornos en Petrobras y por maquillar las cuentas públicas, pero de momento no hay base legal para ello.
No obstante, el descontento social, que se hizo patente en las masivas manifestaciones del domingo, podría complicar la situación de Rousseff --incluso una vez burlado el 'impeachment'-- por los continuos llamamientos a su dimisión.
Una encuesta de Datafolha muestra que solo el ocho por ciento de los brasileños apoya la continuidad de Rousseff en el Gobierno, el nivel de popularidad más bajo para cualquier presidente desde que Brasil regresó a la democracia hace 30 años.