La paz podría traer una profunda reforma del campo colombiano

BOGOTÁ, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llevan dos años negociando el fin de un conflicto que dura ya más de medio siglo y que hunde sus raíces en la lucha por la tierra, por lo que la paz podría traer consigo una profunda reforma del campo.

El primer resultado tangible del diálogo de paz llegó el 26 de mayo de 2013 con el acuerdo sobre desarrollo agrario y rural, uno de los puntos más importantes para la guerrilla, ya que las precarias condiciones del campo colombiano están en la génesis de las FARC.

"La Reforma Rural Integral (RRI) sienta las bases para la transformación estructural del campo y crea las condiciones de bienestar para su población, contribuyendo de esa manera a la construcción de la paz", explican Gobierno y FARC en el borrador conjunto.

La clave de este acuerdo es la creación de un Fondo de Tierras, "con el propósito de lograr la democratización en el acceso a la tierra en beneficio de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y de las comunidades más afectadas por el conflicto, promoviendo una desconcentración y una distribución equitativa".

El Fondo de Tierras tendrá una cantidad de hectáreas durante un número de años, aún por fijar, que distribuirá de forma gratuita entre dichos beneficiarios y que provendrán de "tierras recuperadas a favor de la nación" mediante "expropiaciones por motivos de interés social o utilidad pública con la correspondiente indemnización" o extinciones de dominio, así como de tierras inexplotadas y donadas.

Además, se llevará a cabo una "formalización masiva de la pequeña y la mediana propiedad rural" y se crearán otros mecanismos para promover el acceso a la tierra, tales como un subsidio integral y un crédito especial para la compra de tierras.

Este nuevo mapa del campo colombiano, que contará con una "frontera agrícola", no podrá cambiarse en siete años, durante los cuales todos estos terrenos serán inalienables e inembargables, aunque en el caso de que se hiciera un mal uso de los mismos el Estado los recuperaría.

La RRI no se agota en el reparto de tierras, sino que contempla también la puesta en marcha de una jurisdicción especial y de un conjunto de planes nacionales que garanticen al mismo tiempo una explotación agropecuaria adecuada y el acceso de la población rural a servicios públicos para "una vida digna".