El juez deberá decidir, en base a lo que digan Fiscalía y CICIG, si le cita a declarar u ordena su arresto
MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, se pondrá a disposición de la justicia con el fin de evitar su arresto después de que el Congreso le haya retirado este lunes su inmunidad, allanando el camino para que pueda ser investigado y juzgado por su presunta implicación en la trama corrupta conocida como 'La Línea'.
Así lo ha hecho saber su abogado, César Calderón, quien ha dicho que lo primero que hará el mandatario será entregar un memorial al juzgado para poner en conocimiento del juez Miguel Ángel Gálvez que está a disposición de la justicia.
"Estamos conscientes de que el hecho de ofrecer que el presidente se pone a disposición de la justicia no anula la posibilidad de que se gire su captura, porque lo que se quiere es hacer un espectáculo de este caso", ha señalado Calderón, según informa el diario 'Prensa Libre'.
La decisión del Congreso de retirar la inmunidad al presidente abre la vía para que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) puedan investigar los presuntos vínculos de Pérez Molina con 'La Línea'. A continuación, podrían solicitar al juez Gálvez que se cite al presidente para una primera declaración o que ordene su captura.
Según ha explicado al diario el abogado penalista David Pineda actualmente el Pérez Molina tiene ante sí "dos únicos caminos", su citación para declarar o su captura. "Si fuera citado a primera declaración y en esa diligencia le dictaran auto de procesamiento, pero no auto de prisión preventiva, puede seguir ejerciendo su cargo", ha explicado.
"Pero si le dictan auto de prisión preventiva, tiene que dejar el ejercicio de su función de forma inmediata", ya que, ha explicado el experto, "la Ley de Antejuicio así lo establece". Guatemala celebra este domingo elecciones presidenciales en las que Pérez Molina no opta a su reelección, ya que ésta no es posible en el país, si bien su sucesor no tomará el relevo hasta enero.
NO PUEDE SALIR DEL PAÍS
Por el momento, el juez Gálvez ha dictado a petición de la Fiscalía una medida de arraigo, lo que impide al mandatario salir del país. Pérez Molina, que hasta el momento ha defendido su inocencia y se ha negado a dimitir pese a los señalamientos en su contra, aún no se ha pronunciado sobre los últimos acontecimientos.
Por su parte, la fiscal general, Thelma Aldana, ha asegurado en declaraciones a la CNN que "el Ministerio Público y la CICIG vamos a demostrar ante el juez la culpabilidad y responsabilidad del presidente en el caso 'La Línea'". En este sentido, ha dejado claro que "el presidente y cualquier ciudadano guatemalteco, tienen derecho a un debido proceso, gozan de la presunción de inocencia".
OTRA OPCIÓN
No obstante, según recuerda el diario 'El Periódico', Pérez Molina podría tener otra baza para evitar su procesamiento, ya que el pleno de la Corte de Constitucionalidad (CC) debe resolver dos amparos planteados por el abogado del mandatario, independientemente de que el Congreso retirara la inmunidad a Pérez Molina.
El abogado del presidente presentó dos amparos el domingo ante un juzgado, uno contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otro contra la Comisión Pesquisidora del Congreso, argumentando que el trámite de antejuicio denotaba "persecución política" en contra del mandatario.
El lunes, la CC dio 24 horas a ambos entes para que presentaran un informe sobre su actuación, sin embargo, la CSJ no ha cumplido con el requisito, ya que está pendiente de resolver el problema generado por la designación de uno de sus magistrados.
Así las cosas, Calderón ha destacado que la resolución de los amparos tendrá validez sobre lo dispuesto por el Congreso. "Si dan marcha atrás, podría botarse lo que ya se tiene", ha añadido, según el diario.
Sin embargo, los expertos no se ponen de acuerdo sobre si la Corte de Constitucionalidad debe pronunciarse sobre los dos amparos. Según el experto en Derecho Gabriel Orellana, ya hay un precedente en el que la CC no puede paralizar un procedimiento en el Congreso cuando éste actúa en cumplimiento de sus funciones legalmente atribuidas, como fue en el caso del antejuicio contra Pérez Molina.
"Dudo que esos amparos tengan alguna relevancia", ha afirmado Orellana. "Por mucho que haya algunos magistrados incondicionales al Presidente, no creo que quieran buscarle tres pies al gato tratando de revertir todo lo actuado por el Congreso", ha añadido.
'LA LÍNEA'
La trama en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se destapó el 16 de abril gracias a unas escuchas practicadas durante meses por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Policía, según las cuales había una estructura criminal encargada de cobrar sobornos en las aduanas para favorecer la importación de ciertos productos y evitar el pago de impuestos a otros.
Las escuchas revelaron también que la jefa de esta red de sobornos era una mujer a la que los implicados se referían como 'la señora', 'la dos' y 'la R', lo que condujo las investigaciones directamente contra Baldetti, que tuvo que dimitir el 9 de mayo y fue detenida e imputada la semana pasada.
'La Línea', junto a otros muchos casos de corrupción, ha hecho tambalearse al Gobierno de Pérez Molina, hasta el punto de que la oposición ha pedido cancelar las elecciones presidenciales del próximo 6 de septiembre al considerar que no se dan las condiciones adecuadas.