La periodista filipina Maria Ressa, imputada de nuevo por presunta ciberdifamación

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La influyente periodista filipina y directora del portal de noticias 'Rappler', Maria Ressa, ha sido imputada por tercera vez por un presunto delito de ciberdifamación, tal y como ha informado este jueves su equipo legal al citado medio de comunicación.

Ressa, una fuerte crítica del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha sido acusada ahora por la publicación de un artículo sobre un profesor que habría aprobado a sus estudiantes a cambio de dinero.

Para la periodista se trata, no obstante, de una campaña de "acoso" por parte de la Justicia. "Es la décima orden de arresto que se emite en mi contra en menos de dos años. Es definitivamente un patrón de acoso", ha aseverado.

Los nuevos cargos, que también han sido presentados contra el periodista Rafael Talabong, fueron imputados el pasado mes de diciembre tras la demanda presentada por el profesor, presuntamente agraviado por la publicación de la información.

El texto acusa a los profesores de haber aceptado dinero de los estudiantes a cambio de que los docentes aprobaran las tesis de sus doctorados.

CONDENADA POR EL MISMO DELITO

Tanto Ressa como 'Rappler' tienen numerosos frentes judiciales abiertos, especialmente tras publicar una serie de artículos críticos con el Gobierno y con la 'guerra contra las drogas' de Duterte.

El pasado mes de junio, Ressa fue condenada en un juicio histórico que para los críticos supone un nuevo ataque del presidente. La periodista, de 56 años, fue condenada junto a su compañero de profesión Reynaldo Santos por un artículo publicado por 'Rappler' en mayo de 2012 en el que se relacionaba al empresario y demandante Wilfredo Keng con el tráfico de personas y el contrabando de drogas.

Ambos fueron condenados a pagar 400.000 pesos flipinos (unos 7.000 euros) a Keng. Ressa, declarada persona del año en 2018 por la revista 'Time', se enfrenta a una condena de hasta siete años de cárcel.

Aquel texto se publicó cuatro meses antes de que el Gobierno promulgara una ley contra la ciberdifamación en septiembre de 2019, lo que ha generado las críticas de varias organizaciones de prensa y de Derechos Humanos al considerar que la legislación es un nuevo intento de silenciar a periodistas y críticos de Duterte.