LIMA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
El primer ministro peruano, Yehude Simon, calificó de "complot contra la democracia y todos los peruanos" los últimos incidentes violentos en los que han muerto 22 policías a manos de indígenas de la Amazonía en las protestas contra la entrada de empresas en sus territorios para explotar los hidrocarburos.
Oficialmente, explicó, han muerto nueve nativos y 155 más estarían heridos, "de los cuáles 87 se encuentran en el hospital Santiago Apóstol, 45 en el hospital Gustavo Lanatta, 19 en Jaén y 4 en Essalud; y 48 son heridos de bala". "Cada minuto que pasa podemos confirmar que ha habido un complot contra la democracia, contra el gobierno y contra los peruanos", dijo en declaraciones a la agencia de noticias Andina.
Simon indicó, además, que existen 72 detenidos, de los cuales 42 están en la base El Milagro, con fiscales, los mismos que pasarán a disposición del Ministerio Público y del Poder Judicial. "A quién se le puede ocurrir decir que ésta gente está rodeada y la van a fusilar. Imagínese hasta donde llega la desinformación y la mentira", señaló.
En ese sentido, Simon aseguró que existe una "campaña de desinformación", en la cual se habla además falsamente de un genocidio de nativos. "¿Quién comete el genocidio? Han asesinado 22 policías a sangre fría y el caso de los 9 policías muertos en la Estación 6, cuando estaban dialogando", afirmó Simon.
El dirigente defendió investigar los incidentes para hallar a los responsables del asesinato de policías. "Tranquilidad y que vayan a sus comunidades para que puedan hacer el camino que corresponde. Si los decretos son inconstitucionales, que el Tribunal Constitucional lo decidida. Nos alegra que finalmente empiece a primar el raciocinio y la tranquilidad", aseveró.
Los nativos de la región amazónica reclaman la derogatoria de algunas leyes que, según ellos, vulneran sus territorios, ya que pretenden fomentar la inversión en sectores como el del petróleo y el gas, abundantes en la selva en la que viven los indígenas.
Los indígenas aclaran que la protesta es por la intransigencia del Gobierno y el Congreso al no querer derogar las leyes que, según afirman, afectan la propiedad de sus tierras.