MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las fuerzas de seguridad de Kenia han lanzado este jueves gases lacrimógenos contra los manifestantes, que han vuelto a salir a la calle en Nairobi para protestar contra el presidente, William Ruto, a pesar de que haya decidido descartar la promulgación de la reforma económica que había suscitado la polémica por incluir una subida de los impuestos.
La ciudad ha amanecido con un fuerte despliegue militar después de semanas de unas protestas contra el Gobierno que se han extendido a todo el país y han dejado más de una decena de muertos. Las autoridades, que tratan de minimizar los daños, han instado así a las Fuerzas Armadas a tomar medidas para evitar escenas como las vividas a principios de esta semana, cuando los manifestantes irrumpieron en la sede de Parlamento e incendiaron el inmueble.
Los manifestantes, que han vuelto a mostrar su oposición a Ruto, se han congregado en el centro de la ciudad para honrar también a los fallecidos durante las marchas, según informaciones del diario 'The Nation', que apunta a que los comercios permanecen cerrados en la ciudad, especialmente en áreas como la avenida Moi y la calle Kimathi.
Sin embargo, algunos de los presentes han abogado por desplazarse hasta la vivienda del presidente, lo que podría generar nuevas escenas de violencia y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que han procedido a bloquear los accesos como medida de precaución.
El despliegue de los militares en las calles del país fue aprobado el miércoles por los diputados, con al vista puesta en la restitución del orden tras las protestas. No obstante, será el Tribunal Supremo el que decida finalmente si la medida se mantiene o si, por el contrario, el despliegue puede prolongarse para garantizar la seguridad.
En otros puntos del país, como la provincia de Kilifi, los manifestantes han bloqueado una autopista y han montado una serie de barricadas, lo que ha llevado a las autoridades locales ha desplegar también al Ejército en estas zonas para restablecer el tráfico.
El presidente confirmó el miércoles que, a la luz de los disturbios, no firmará la ley y, "por tanto, será retirada", lo que abre la puerta a una nueva "conversación" sobre futuros cambios en materia de presupuesto, unas palabras con las que busca tender la mano tanto a partidos políticos como a la sociedad civil.
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