MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -
La Policía de Nicaragua ha anunciado este jueves que el sacerdote Jaime Iván Montesinos, que forma parte de la Diócesis de Matagalpa, fue detenido el martes por "menoscabo" a la nación en un nuevo golpe a la Iglesia desde que la Justicia nicaragüense condenara en febrero a 26 años de cárcel al obispo Rolando Álvarez.
Montesinos, quien es párroco en la Iglesia Juan Pablo Segundo del municipio de Sébaco, en Matagalpa, fue detenido el martes sobre las 9.00 horas (hora local) por "cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación".
"Se encontraba en actitud sospechosa, en estado de ebriedad y en compañía de una joven (...) La Policía Nacional realiza las diligencias investigativas pertinentes y remitirá al investigado a las autoridades competentes para su enjuiciamiento", precisa el comunicado de la Policía.
Esto se produce después de que el martes la Diócesis de Estelí anunciara que los sacerdotes Leonardo Guverara y Eugenio Rodríguez, -- este último fue mediador para conseguir la liberación de varios jóvenes que fueron detenidos durante las protestas de 2018-- fueron arrestados por la Policía, ha recogido el diario 'La Prensa'.
El caso del obispo Rolando Álvarez, de la Diócesis de Matagalpa, fue el más sonado por ser arrestado por la Policía en agosto de 2022 y permanecer detenido en su domicilio durante meses. Finalmente, el prelado fue condenado el pasado mes de febrero a 26 años de cárcel tras ser declarado "traidor a la patria".
Pero el de Rolando Álvarez no es el único caso. La Justicia de Nicaragua declaró como culpables de "conspiración" contra el Estado nicaragüense a cuatro sacerdotes --Ramiro Tijerino Chávez, José Luis Díaz Cruz, Sadiel Antonio Eugarrios Cano y Raúl Antonio Vega--, dos seminaristas -- Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno-- y un reportero, Sergio Cadena Flores.
El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha tildado a la Iglesia de "dictadura perfecta" y de "usar" a sus obispos para "dar un golpe de Estado" en el país centroamericano, asegurando que algunos sacerdotes hicieron llamamientos al derramamiento de sangre durante la ola de protestas contra el Gobierno en 2018, que se saldó con la muerte de más de 300 personas.