BRUSELAS/VARSOVIA, 24 May. (Reuters/EP) -
La primera ministra de Polonia, Beata Szydlo, ha presentado este martes al vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, una serie de propuestas para garantizar la transparencia del Tribunal Constitucional y así eludir un posible expediente sancionador por parte de Bruselas.
Timmermans ha viajado este martes a Varsovia para discutir en persona las polémicas reformas adoptadas por el Gobierno ultraconservador polaco y que incluyen un mayor control sobre el Tribunal Constitucional y los medios de comunicación. Bruselas llegó a amenazar con un expediente sancionador y dio como ultimátum el lunes, 23 de mayo.
Sin embargo, tras reunirse con Szydlo, Timmermans ha abogado por que el próximo paso se dé desde Varsovia. "Coincido plenamente con la primera ministra cuando dice que se trata de un problema polaco que sólo puede tener una solución polaca", ha declarado ante los periodistas.
Szydlo, que la semana pasada rechazó cualquier "ultimátum" del Ejecutivo comunitario, ha explicado que su Gobierno ha presentado una serie de "soluciones" que garantizarían la transparencia del Tribunal Constitucional. De esta forma, ha añadido, se cumplirían "todas las condiciones para resolver el conflicto".
Ninguna de las dos partes ha dado detalles sobre el contenido de estas conversaciones, pero por el momento Timmermans parece que no hará uso del poder que le concedió la semana pasada el Colegio de Comisarios para iniciar un expediente contra Polonia. El mandato contemplaba adoptar y publicar una recomendación sobre la situación del Estado de Derecho en Polonia si el Gobierno del Partido de Ley y Justicia (PiS) no cumplía "avances notables".
De adoptarse la recomendación, su publicación marcaría el inicio del camino para activar el artículo 7 del Tratado --con el apoyo necesario de la Eurocámara y de al menos diez Estados miembros--, que permitiría suspender el derecho a voto de un Estado miembro, si así lo deciden por unanimidad sus socios del bloque.
Se trata de un procedimiento del que la Unión Europea no ha hecho uso nunca hasta ahora y que fue pensado para responder únicamente a una amenaza "grave y persistente" para los valores comunes.