Polonia y Hungría recurren ante el TUE la condicionalidad de los fondos europeos

Bruselas defiende la "legalidad" del mecanismo aunque esperará el pronunciamiento del tribunal antes de su posible aplicación

   MADRID/BRUSELAS, 11 (EUROPA PRESS)

   Los gobiernos de Polonia y Hungría han presentado sendos recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) en contra del mecanismo que condiciona los fondos europeos al respeto del Estado de Derecho, por entender que este reglamento carece de base jurídica e interfiere en competencias que son propias de los Estados miembro.

   Hungría y Polonia ya fueron los principales detractores de este mecanismo, que prevé la suspensión de las ayudas si la Comisión Europea detecta vulneraciones de los principios del Estado de Derecho que puedan afectar a los intereses financieros del bloque. Al no poder retrasar su aprobación, ya que bastaba mayoría cualificada, los dos países optaron por bloquear el presupuesto de la UE, que sí requería unanimidad.

   Finalmente, ambos gobiernos han optado por llevar sus discrepancias ante el TUE, según ha confirmado el propio tribunal.

   El portavoz del Gobierno polaco, Piotr Muller, ha insistido este jueves en que la suspensión de los fondos solo puede llegar en casos objetivos, tomando como referencia básicamente datos económicos. Varsovia considera que la Union Europea no tiene competencia para definir qué se entiende por Estado de Derecho y que cualquier decisión que tome como referencia este concepto sería por tanto "discrecional", según la agencia de noticias PAP.

   "Aunque el Estado de Derecho es un valor común de los Estados miembro, su contenido no puede decidirse por decisiones arbitrarias y sin respetar las identidades nacionales y la diversidad de sus sistemas legales y tradicionales", ha incidido el Gobierno polaco, que al igual que el húngaro ha recibido reprimendas de Bruselas por reformas políticas controvertidas.

   La ministra de Justicia de Hungría, Judit Varga, ha compartido la tesis polaca, señalando que el mecanismo europeo "infringe gravemente la certidumbre legal" que se le presupone. Por este motivo, ha añadido, las discrepancias deben ser dirimidas por el TUE --"ya lo prometimos el año pasado"--, informa el portal The Hungary Today.

DEFENSA DE BRUSELAS

   La Comisión Europea ha salido al paso de estos recursos y ha defendido la "legalidad" de la normativa, aunque también ha afirmado que esperará a conocer la sentencia al respecto del tribunal de Luxemburgo antes de adoptar cualquier medida en aplicación del mecanismo. "No se iniciará ningún caso, esperaremos a escuchar al Tribunal y ya entonces actuaríamos", ha explicado en una rueda de prensa el portavoz principal del Ejecutivo comunitario, Éric Mamer.

   La 'hoja de ruta' acordada plantea que, una vez que la Comisión diese el primer paso sancionador, los Estados miembro dispondrían de un plazo de un mes --prorrogable a tres en casos excepcionales-- para votar las medidas propuestas por Bruselas por mayoría cualificada. El proceso completo para que las instituciones puedan tomar medidas una vez identificados los riesgos prevé un máximo de nueve meses.