La Presidencia de Corea del Sur impide a los investigadores registrar sus oficinas

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Fiscalía Especial que analiza el escándalo de corrupción en el que se ha visto implicada la presidenta de Corea del Sur, Park Geun Hye, ha tratado de realizar el primer registro oficial en la oficina presidencial, pero los agentes de Seguridad se lo han impedido, según informa la agencia de noticias Yonhap.

Citando razones de seguridad, los investigadores no han logrado registrar el Cheong Wa Dae --la Presidencia--, donde pretendían recopilar más datos de cara al interrogatorio al que se someterá la presidenta, apartada desde diciembre del cargo, previsiblemente durante el mes de febrero.

Tras más de cinco horas sin poder entrar, los investigadores han abandonado sus intentos por realizar los registros. La Presidencia ha presentado una queja de desaprobación a lo largo de la tarde del viernes por la actitud de los fiscales.

Por su parte, los investigadores han enviado un documento formal al presidente en funciones, el primer ministro Hwang Kyo Ah, para que autorice los registros, si bien uno de sus asesores ha asegurado que es poco probable que lo permita.

La Presidencia de Corea del Sur ya se había negado en varias ocasiones a que los fiscales registren sus instalaciones, si bien esta ha sido la primera vez que se lleva a cabo un intento para realizar el registro.

Park está acusada de abuso de poder para beneficiar a su confidente y amiga Choi Soon Sil, que está actualmente en prisión, por medio de presiones a líderes empresariales para que hicieran donaciones a las organizaciones no gubernamentales que gestionaba su amiga.

El Parlamento surcoreano aprobó el 9 de diciembre un 'impeachment' contra la presidenta, si bien ésta lo ha rechazado y ha apelado la decisión ante el Tribunal Supremo.

La legislatura ha presentado un total de 13 cargos contra Park: cinco violaciones a la Constitución y ocho delitos legales. Ahora el Tribunal Constitucional tiene un total de 180 días para decidir si ratifica la destitución de l apresidenta.